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El director provincial del MECD, Cecilio Gómez, ante el
anuncio de la Junta de Personal Docente de judicializar esta
situación, se mostraba muy tranquilo y recordaba que el
proceso selectivo que se ha llevado a cabo ha sido
“convocado mediante una orden ministerial, publicada en el
BOE, y por la que los candidatos debían defender un proyecto
de dirección con arreglo a unos criterios establecido y que
han aplicado cada uno de los miembros de la Comisión de
Baremación y que cuyo resultado es que algunos directores lo
han aprobado y otros no, obteniendo por tanto un suspenso”.
Con respecto a esa disparidad en las valoraciones
denunciadas tanto por la Junta de Personal Docente como por
el AMPA del IES Puertas del Campo, Gómez aseguraba
desconocer la puntuación otorgada por cada vocal en cada
proceso de evaluación, ya que el procedimiento se
cumplimentaba, se metía en un sobre, se sellaba, se lacraba
y posteriormente se abrían todos los sobres para realizar la
media aritmética de las puntuaciones. Lo que si ha
reconocido Gómez, es que en el proceso de baremación de Juan
Luis Aróstegui, los dos vocales del centro, provenientes del
Claustro de Profesores y del Consejo Escolar, concedieron 10
puntos cada uno, por lo que se le requirió a los citados
vocales un informe que justificara esa valoración y que el
mismo nunca fue elaborado.
“Yo entiendo que una persona que tiene cincuenta mil cosas
entre mano es muy difícil que elabore de verdad un proyecto
directivo, se lo prepare bien y posteriormente lo defienda
como es debido, y ahora no vale decir, como suelen decir los
alumnos, ‘me han suspendido porque el profesor me tiene
manía’. Lo que ha pasado es que a este señor se le ha medido
por el mismo rasero que todo el mundo, algo a lo que
presuntamente no debe de estar acostumbrado ya que es una
persona con mucho poder, y como no se le ha hecho el gusto,
lo que quiere es patalear todo lo que pueda”, aseguraba
Gómez a EL PUEBLO.
Igualmente no se mostraba preocupado por que se quiera
judicializar todo este asunto, recordando que también se
llevó ante los tribunales la supresión de los equipos de
orientadores por una presunta prevaricación y finalmente la
Audiencia Nacional desestimó el caso y condenó a pagar las
costas a la Junta de Personal Docente. “No es la primera vez
que se me amenaza con llevarme a los tribunales, y eso de
que quieren que me vaya, debo decir que desde el primer día
que vine a Ceuta tengo mi maleta hecha y que no tengo miedo
a marcharme, pero si puedo decir que en este proceso no se
ha hecho nada ilegal, solo que el proyecto directivo
presentado por el señor Aróstegui no se ajusta a los
criterios establecidos”.
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