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En la
madrugada del pasado lunes fallecía en el Hospital
Universitario de Ceuta un bebé, presuntamente por una
negligencia médica de la ginecóloga que atendía el parto,
según denuncia la familia. Un suceso de estas
características siempre remueve conciencias y provoca una
reacción en la sociedad, máxime cuando al parecer, según las
informaciones que se han ofrecido, no es la primera vez que,
sobre la ginecóloga en cuestión, existen quejas fundadas de
presunta mala praxis. De ser ciertoeste hecho, ya no sólo se
debe culpar a la persona que realiza de forma errónea su
trabajo y que además, por ese error, provoca la muerte de
otra, sino también a todas aquellas personas que, aún
conociendo esa mala praxis, callan o no toman cartas en el
asunto y adoptan una serie de medidas cautelares. Y eso
precisamente se le podría recriminar a la dirección del
Ingesa, ya que pese a esas continuas quejas formuladas por
los usuarios contra la ginecóloga en cuestión, y después del
fallecimiento de un bebé, la facultativa permanece
ejerciendo su labor profesional en el Hospital Universitario
de Ceuta y no ha sido apartada temporalmente o de forma
cautelar. El médico, como cualquier otro profesional, tiene
el derecho a ejercer aquella actividad o carrera para cuyo
desempeño lo autorizó el Estado a través de la universidad,
pero si en ese ejercicio no pone toda la diligencia, el
cuidado y la responsabilidad que debe, se ve enfrentado a
otros derechos constitucionales, los que tiene todo
ciudadano a la salud y a la vida.
Dicen que una negligencia
médica se nota porque los responsables no dan la cara y
ocultan información. Eso es exactamente lo que hizo ayer el
Ingesa. Sin duda que este asunto es un tema complejo de
tratamiento delicado, pero que no debe rehuirse porque si se
examina de buena fe ayudará a la reflexión que irá en favor
de la calidad sanitaria en Ceuta.
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OPINIÓN / EDITORIAL
