política - LUNES, 1 DE JUNIO DE 2015

CEUTA
José Manuel Rincón
ceuta@elpueblodeceuta.com

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), partido liderado por la diputada Fatima Hamed y que contará en la próxima legislatura con tres diputados en la Asamblea de la Ciudad, emitía ayer un comunicado de prensa a través del cual aseguraba no sorprenderse, “tristemente”, de los “alarmantes” datos que se recogen del documento ‘Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación’ desarrollado por Economics for Energy, en relación a los gastos eléctricos.

Dichos datos, publicados por Economics for Energy, sitúan a Ceuta, como una de las regiones españolas líder en gasto energético, concretamente situándose como la segunda autonomía, tras la ciudad autónoma de Melilla. Esta situación es para la directiva del partido localista, causa de que el gobierno de la Ciudad “no haya ejecutado, hasta la fecha, ningún mecanismo de acción eficiente que permita paliar y aminorar las problemáticas que se acarrean de las desigualdades energéticas”.

Desde el MDyC se ha vuelto a recordar, aprovechando la publicación de estos datos, que son muchas las familias ceutíes que al carecer o no disponer de ingresos suficientes, se les hace difícil e incluso imposible hacer frente al pago de las facturas de luz. Así pues, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía considera que “la incoherencia de triplicar el gasto energético para las familias y, al mismo tiempo, reducir las alternativas de consecución de ingresos a través de la creación de empleo o de apuestas de inclusión reales y estables, originan que sean lamentablemente muchas las familias ceutíes las que se enfrenten al agravamiento alarmante de su precaria situación”.

De este modo, sensibilizados con la población más vulnerable, el MDyC, ha avanzado que planteará propuestas que apoyen y respeten la dignidad e igualdad de los ceutíes con un compromiso en el que trabajar por la línea de la justicia e igualdad social en igualdad de oportunidades que el resto sea desarrollado de manera prioritaria y siempre teniendo presente que cada medida que se ejecute tenga en consideración las características y dificultades de las familias ceutíes.

Por ello, el MDyC frente al “maquillaje electoral” que suelen promover ciertas formaciones, presentó un plan de intervención acorde a la situación de desigualdad y exclusión social que verdaderamente se interese por los problemas de la ciudadanía ceutí y abogue por estrategias de acciones reales y sostenibles.

Desde el MDyC se ha insistido en que van a reivindicar y a instar a través de sus diputados en la Asamblea que se ejecute un Plan de Inclusión Energético específico que acuerde con la empresa de alumbrado de la ciudad, desarrollando y fijando tarifas sociales acordes a la realidad ceutí que permitan mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía ampliando el cupo de los beneficiarios y las ayudas que faciliten los trámites para el pago fraccionado y los ajustes necesarios con los que atender eficiente y adecuadamente a las familias ceutíes.
 

Los hogares con ingresos bajos, menores a su cargo, inestabilidad laboral y viviendo en régimen de alquiler representan el perfil de mayor vulnerabilidad

Los hogares con ingresos bajos, menores a su cargo, inestabilidad laboral y viviendo en régimen de alquiler representan el perfil de mayor vulnerabilidad, tal y como se desprende del estudio realizado. Por comunidades autónomas, Melilla (23,4%), Ceuta (16,58%), Canarias (15,09%), Andalucía (15,05%) y Murcia (14,59%) son las que cuentan con mayor pobreza energética, mientras que País Vasco (4,93%), Castilla y León (5,77%), La Rioja (6,18%) y Galicia (6,22%) son las de menor. En lo que respecta a las alternativas para combatir la pobreza energética, los autores del informe proponen sustituir el actual bono social por una transferencia monetaria a tanto alzado (de cuantía fija) para afrontar todo tipo de gastos de energía financiada con cargo al presupuesto público, y no por las eléctricas, como ocurre actualmente con el bono social. En concreto, consideran que el actual bono social, instaurado en 2009, presenta debilidades como que sólo es aplicable a la factura eléctrica, que representan el 60% de los gastos energéticos, y no protege específicamente a los consumidores “más vulnerables”, ya que el 78% de los hogares que actualmente se benefician de él lo hacen por tener una potencia inferior a 3 kW, “lo que no implica vulnerabilidad a la pobreza energética”.