Vivas se va a encontrar con un importante problema a la hora
de diseñar su Gobierno: las sentencias de los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Ceuta, que declararon nulos
los nombramientos como viceconsejeros de Carolina Pérez,
Adelaida Álvarez, Manuel Coronado y Salvador Jaramillo al
interpretar que la Ciudad Autónoma es un ayuntamiento como
otro cualquiera y no una con Estatuto de Autonomía y
capacidad de autoorganización.
Así, Vivas no podría contar más que con 8 consejeros o
viceconsejeros . La sentencia considera que “el nombramiento
y actuación de los viceconsejeros está previsto para
supuestos tasados” de “vacante, ausencia, enfermedad o
impedimento temporal de un consejero” y no para la
“definitiva integración” de los mismos en “el Consejo de
Gobierno de la Ciudad”.
En este sentido, el Juzgado defiende que el Ejecutivo local
debe ceñirse a lo estipulado en la Ley de Bases de Régimen
Local cuando establece que “la Junta de Gobierno local se
integra por el alcalde y un número de concejales no superior
al tercio del número legal de los mismos, nombrados y
separados libremente por aquél dando cuenta al Pleno”.
Miembros electos
El otro aspecto importante a que hacen referencia las
sentencias conocidas, que se remiten a la jurisprudencia del
Constitucional, es que en las entidades locales el alcalde
solamente puede nombrar “a personas que ostenten la
condición de concejales”.
Y es que aunque el Gobierno de Vivas defiende que ““la
Ciudad Autónoma de Ceuta goza de un sistema especial de
autonomía que incluye una potestad de autogobierno que solo
encuentra límites en la Constitución, el Estatuto de
Autonomía y en la legislación que lo desarrolla, y en ningún
precepto de dicho marco jurídico se exige que los
viceconsejeros del Gobierno deban ostentar necesariamente la
condición de diputado”, para el Contencioso-Administrativo
queda probado de forma “meridianamente clara” que la Ciudad
Autónoma de Ceuta es un Ayuntamiento, y además que los
viceconsejeros son miembros de pleno derecho del Consejo de
Gobierno, por tanto, han de ser nombrados de entre los
miembros electos de la Asamblea de Ceuta.
Por ello, Vivas ya ha pedido informes a Recursos Humanos
sobre esta cuestión, y estudia además una modificación del
Reglamento de la Asamblea.
Antonio Gil, UGT
En este sentido, el secretario general de UGT en Ceuta,
Antonio Gil, ha confirmado que el sindicato seguirá muy de
cerca los nombramientos que realice el presidente electo,
Juan Vivas, para conformar su equipo de Gobierno. Hay que
recordar que UGT ya ganó las citadas sentencias, aunque la
Ciudad las tenga recurridas en el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA).
Gil se muestra tranquilo ya que “la ley es muy clara en
cuanto a estos nombramientos”, asegurando que el gabinete
jurídico del sindicato seguirá adelante ya que para el
secretario general, de no ser así “le estaríamos haciendo el
juego al Gobierno anterior”. En este sentido, Gil resalta
que una de las cuestiones denunciadas por UGT es que estos
nombramientos de cargos no electos y los cambios producidos
tras las primeras sentencias contra los mismos, podría
catalogarse como una “presunta estafa procesal”, ya que la
Ciudad cesó a estas personas como directores generales para
posteriormente nombrarles viceconsejeros, lo que para el
ugetista es “interpretar a su gusto una sentencia ya que con
estos cambios lo único que hicieron es mantener al mismo
perro pero con distinto collar”.
El secretario general de UGT en Ceuta ha destacado con
rotundidad que el sindicato llegará hasta donde haga falta
para que estos nombramientos “ilegales” no se vuelvan a
producir, ya que de no hacerlo así “sería por nuestra parte
algo reprobable y reprochable”. Además, Gil ha reconocido
que estas denuncias finalmente se llevaron a cabo después de
que se advirtiera de que dichos nombramientos no podían
realizarse tal y como venía realizando el Gobierno de Vivas,
y que desde el Ejecutivo local “se realizaran encima
comentarios y manifestaciones desde la prepotencia y la
chulería”. Finalmente, Gil ha instado a los partidos de la
oposición a que denuncien si finalmente, “el presidente
electo Vivas, decide volver a estas prácticas”.
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