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El Comité de la ONU contra la Tortura dijo ayer estar
“seriamente preocupado por las devoluciones sumarias” que
España efectúa desde Ceuta y Melilla, práctica que se conoce
como “devoluciones en caliente”. Esto se hace “sin una
evaluación previa del riesgo de retorno e impide el acceso a
los procedimientos de determinación del estatuto de
refugiado”, señaló el órgano de Naciones Unidas en sus
observaciones finales tras examinar la manera en que España
cumple con la Convención contra la Tortura.
Con este fin, el Gobierno español presentó ante esta
instancia su informe periódico a finales del pasado abril.
Sobre la cuestión migratoria, el Comité criticó que una de
las disposiciones finales de la Ley de Seguridad Ciudadana,
adoptada en marzo, haya supuesto una enmienda de la Ley de
Extranjería “con el fin de dar cobertura legal a dichas
devoluciones sumarias bajo la nueva figura jurídica de
rechazo en frontera”.
Por ello, pidió a España que “revise la legislación en
materia de inmigración y asilo” para garantizar el respeto
incondicional del derecho de no devolución, conforme al
artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Ese apartado
establece: “Ningún Estado Parte procederá a la expulsión,
devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando
haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de
ser sometida a tortura”.
Reformas en los CETI
En el mismo ámbito, el Comité indicó que valora la
existencia de un programa de reformas en los Centros de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para afrontar el
aumento de llegadas desde mediados del año pasado. Sin
embargo, agregó que son preocupantes “los altos niveles de
hacinamiento” y “las deplorables condiciones materiales de
sus instalaciones, que a juicio del Comité representan una
amenaza para la seguridad, la salud y la integridad física y
psicológica de las personas internadas”.
En vista de esa situación, instó a España a redoblar sus
esfuerzos para reducir el hacinamiento en los CETI y mejorar
sus condiciones, en particular en los casos en los que
albergan a mujeres y niños.
Detenidos por terrorismo
Durante la presentación del informe de España, expertos del
Comité criticaron oralmente la aplicación excesiva y en
condiciones cuestionables del régimen de incomunicación a
los detenidos por terrorismo en España.
Ese régimen de detención puede mantenerse hasta por un
máximo de 13 días para delitos de terrorismo y banda armada.
Ya en sus observaciones finales, el Comité dijo hoy haber
tomado nota de la posición expresada por la delegación
española en el sentido de que ese tipo de detención es
excepcional y exige de autorización judicial, y felicitó que
los casos en que se aplica se hayan reducido fuertemente.
Sin embargo, el Comité reiteró su recomendación de que sea
abolido y pidió que se garantice que todos los detenidos
gozan de las salvaguardias fundamentales, entre ellas el
derecho a la asistencia legal, a comunicarse con sus
allegados y a un examen médico independiente inmediato.
Por otra parte, el Comité lamentó que la Ley de Amnistía de
1977 continúe vigente y, a este respecto, urgió a España a
adoptar “las medidas necesarias” para que los actos de
tortura, incluidas las desapariciones forzadas, no
prescriban o puedan ser sujetos a amnistía.
Recordó que la desaparición forzada “es un delito permanente
y una violación permanente de los derechos humanos hasta que
la suerte o paradero de la víctima haya quedado
esclarecidos.
El Comité invitó a España a que le remita dentro de un año
la información sobre el seguimiento a sus recomendaciones.
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Fernández Díaz dice que las personas devueltas en caliente
“no tienen derecho a asilo”
En un momento en el que desde
Bruselas se pide más compromiso a los países de la UE con
los millones de refugiados que se han visto obligados a huir
de sus hogares, el ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, ha afirmado que las personas a las que las fuerzas
policiales españolas devuelven de manera inmediata en las
vallas de Ceuta y Melilla, sin identificarlas ni ofrecerles
asistencia letrada, “no tienen derecho a asilo”. El titular
de Interior, que asiste en Niamey a una cumbre de los países
del Sahel sobre radicalización, ha reiterado su postura
sobre que las personas que entran por las vallas de Ceuta y
Melilla son “inmigrantes por razones económicas”, pero no
refugiados, que ha repetido en otras ocasiones.“Los que nos
critican por haber legalizado el rechazo en frontera deben
saber que esas personas que intentan entrar irregularmente
no tienen derecho a asilo. Es un drama humano, pero no
tienen derecho a asilo”, afirmó el ministro.
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Inmigración
