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La Red Española por la Inmigración, que integran
fundaciones, ONG y juristas de todo el territorio nacional,
ha puesto en marcha una batería de medidas para pedir que no
se acuse de un delito de tráfico de seres humanos al padre
del niño costamarfileño introducido en una maleta para
cruzar clandestinamente la frontera de El Tarajal dadas las
circunstancias que concurren en este caso.
Lo explica el abogado Estanislao Naranjo Infante,
coordinador de esta campaña que pasa por pedir a la Fiscal
General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Parlamento
Europeo y el Congreso de los Diputados, por un lado, que se
evite enjuiciar a este hombre por un delito pensado para
castigar por ejemplo al patrón de un cayuco y, por otro, que
se abra un debate sobre los requisitos de la reagrupación
familiar que impone la Ley de Extranjería. “Consideramos que
es una barbaridad lo que se está haciendo con este hombre,
porque se le quiere imponer la misma pena que a un señor que
lo que lleva es un negocio de inmigración ilegal y
explotación de seres humanos como si fuera un delincuente
habitual o el capitán de un cayuco cuando se trata de su
propio hijo”, señala Naranjo Infante. En su opinión, “el
tráfico de seres humanos es una actuación execrable y debe
ser perseguida pero no se puede penalizar todo de forma
genérica. La ley hay que aplicarla caso por caso y en este
caso en concreto, la aplicación llevará a resultados que
entendemos que ni siquiera preveía el propio Código Penal, a
un efecto indeseable”, asegura.
Naranjo Infante dice que no se entiende además, que se haya
dictado prisión provisional sobre él, “cuando tiene permiso
de residencia en España, domicilio conocido, trabajo fijo
esposa y una hija en el país”. “Nos parece que la actuación
en este caso en el procedimiento con respecto al padre es
excesiva por los efectos que se están produciendo”, ha
comentado, para incidir en que “se trata de un hecho
puntual, de un padre que quiere traer a su hijo y que lo ha
intentado legalmente” y la respuesta del fiscal “está siendo
excesivamente dura”.
Reagrupación
Sobre la reagrupación en España del niño de ocho años, que
le fue negada por no reunir los requisitos económicos
exigidos, la Red pide que se abra un proceso de debate y así
lo ha instado a través de la Comisión de Peticiones del
Congreso de los Diputados, pues considera que “la aplicación
estricta de la ley puede dar lugar a situaciones de
injusticia”, como en su opinión es el caso. “Nuestra ley es
muy peculiar porque se da la circunstancia de que aquí no se
obliga a nadie a que tenga una capacidad económica
determinada para ser padre, pero a los inmigrantes sí. Este
señor por tener tres hijos y no ganar casi 2.500 euros, que
es algo que ganan muy pocos en España, no puede reagrupar a
todos sus hijos. Se trajo a su esposa y a su hija, pero no
le han dejado traerse al mayor y al pequeño”, apunta Naranjo
Infante.
El abogado destaca que en España sólo se es consciente de
que una ley “está mal hecha” cuando se plantea un caso
“extremo” como este y es por eso que la Red, que no tiene
legitimación para personarse en el procedimiento porque al
hombre ya se le ha asignado un abogado, se moviliza para que
desde Fiscalía General del Estado se emitan instrucciones
sobre este caso. Al Defensor del Pueblo le piden que el niño
no siga ingresado en el centro de menores de Ceuta en el que
permanece desde que fue liberado de la maleta por los
agentes policiales del puesto fronterizo. Solicitan que
interceda para que pueda mantenerse con su núcleo familiar,
la madre y la hermana que están en Canarias, mientras se
desarrolla el procedimiento.
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