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En 2015 se cumple el vigésimo aniversario de la publicación
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y si
echamos la vista atrás podemos ver que gran parte de sus
objetivos están aún pendientes y que la realidad
socioeconómica en España ha sufrido cambios significativos
desde aquella fecha.
El armazón legislativo surgido a partir de la LPRL y de la
Directiva Marco de la que deriva, respondía a una
organización del trabajo heredera del contrato social
surgido en Europa en la segunda mitad del siglo XX y se
caracterizaba por la contratación indefinida, la estabilidad
en la empresa y la centralidad de la negociación colectiva
en las relaciones laborales. Este modelo no sólo facilitaba
a los trabajadores el ejercicio efectivo de sus derechos
laborales, sino que mediante los derechos de participación y
consulta permitía a sus representantes intervenir en todas
las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en
la empresa, desde la planificación y organización del
trabajo o de las actividades preventivas hasta la evaluación
de riesgos o la información y formación de los trabajadores.
Fue en este marco de participación sobre el que se construyó
la prevención de riesgos en Europa y en España.
Sin embargo, estos veinte años han sido los del triunfo de
la doctrina neoliberal en Europa y han culminado en una
crisis económica que ha transformado de manera radical la
organización del trabajo. La vía elegida por los gobiernos
para salir de la crisis es una espiral de austeridad y
devaluación interna en la que la negociación colectiva
pierde peso, las relaciones laborales tienden a la
individualización, la precariedad define un mercado de
trabajo en el que la contratación temporal y a tiempo
parcial y la alta rotación entre empresas ganan espacio a
marchas agigantadas y las altas tasas de paro y el miedo a
perder el empleo convierten en papel mojado los derechos de
trabajadoras y trabajadores. En este contexto, el legislador
ha decretado la unilateralidad empresarial como forma de
gestión de la prevención en las empresas españolas.
Romper este círculo vicioso de empobrecimiento y recortes
pasa por poner fin a las políticas de austeridad y dar paso
a una progresiva transformación del modelo productivo de
nuestro país que permita la democratización de las
relaciones laborales, el ejercicio efectivo de derechos, la
interiorización de la cultura preventiva en las empresas y
la generación de un sistema preventivo dinámico que anticipe
los nuevos riesgos laborales emergentes. Continuar por la
senda marcada por las Reformas Laborales, adaptando la
legislación preventiva a un marco impuesto de organización
del trabajo, supondría asumir de manera ineludible un
deterioro en la protección de la salud y la seguridad
laboral, con los consiguientes daños personales y
trasladando los costes económicos al conjunto de la
sociedad. Para atajar esta peligrosa deriva, UGT y CCOO
aprovechamos la celebración del 28 de Abril 2015, Día
Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, para
proponer un decálogo de medidas prioritarias y urgentes en
materia de Prevención de Riesgos Laborales:
1. Ningún trabajador ni trabajadora sin protección. La
precariedad, el miedo a perder el puesto de trabajo y la
individualización de las relaciones laborales dificultan el
ejercicio efectivo de derechos. Las Reformas Laborales son
incompatibles con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y con el resto de normativa preventiva.
2. Accidentes de Trabajo. La aprobación de la LPRL, la
puesta en marcha de políticas activas y la financiación de
proyectos preventivos lograron una manifiesta reducción de
accidentes de trabajo. El abandono de la actividad
preventiva por parte de las empresas y su sustitución por un
cumplimiento meramente formal de la normativa junto a los
recortes aplicados durante los años de crisis frenaron en un
primer momento el descenso de la siniestralidad y provocaron
el repunte de los accidentes de trabajo que sufrimos en la
actualidad, un claro indicio del deterioro de los sistemas
preventivos. Recuperar la iniciativa pública es
imprescindible para que en el siglo XXI dejen de producirse
muertes por caídas en altura, atrapamientos o accidentes de
tráfico como venía sucediendo en épocas pasadas.
3. Enfermedades de origen laboral. Las enfermedades son la
gran asignatura pendiente de la salud laboral. Lo que no se
registra ni existe ni se previene. Son necesarios cambios en
el sistema de notificación y registro para que deje de
depender de las mismas entidades obligadas a la reparación
del daño, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
El cáncer profesional, la silicosis, las patologías
derivadas del amianto y de las sustancias químicas, los
trastornos musculoesqueléticos y las enfermedades de origen
psicosocial requieren que las empresas evalúen y prevengan
en los centros de trabajo los riesgos capaces de
provocarlas, y de un mayor esfuerzo de las Administraciones
para acabar con su subregistro y con los daños a la salud
que causan.
4. Garantizar la equidad. La OMS reconoce que la desigualdad
es uno de los determinantes sociales de salud claves. Dónde
y cómo se trabaja, la forma de acceder al empleo o las tasas
de desempleo y de temporalidad condicionan la exposición de
determinados colectivos (mujeres, jóvenes, migrantes…) a los
riesgos laborales y determinan su estado de salud. En los
últimos tiempos también venimos observando que el estado de
salud se está convirtiendo en un factor de estigmatización y
de discriminación laboral, tanto en el mercado de trabajo
como en las propias empresas. Para garantizar la equidad son
precisos cambios legislativos, empezando por la derogación
del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores.
5. Independencia y calidad de los Servicios de Prevención.
La continua presión que sufren los Técnicos de Prevención
desdibuja la independencia de los Servicios de Prevención
establecida en la LPRL, convirtiéndolos en muchos casos en
instrumentos al servicio de las empresas. Se hacen
necesarias modificaciones legales que garanticen el
desempeño profesional de los Técnicos, la independencia de
Servicios de Prevención y, al mismo tiempo, el
establecimiento de controles públicos que garanticen la
calidad de sus prestaciones.
6. Vigilancia de la Salud para proteger la salud de las y
los trabajadores. La vigilancia de salud es un derecho de
las trabajadoras y los trabajadores y junto a la
epidemiología laboral es una herramienta indispensable para
prevenir los riesgos a los que están expuestos. Sin embargo
asistimos a un intento de convertirla en una herramienta
disciplinaria y de ajuste de plantillas. Para preservar el
derecho constitucional a la salud, se debe garantizar la
independencia de los profesionales sanitarios que la llevan
a cabo, la confidencialidad de los datos y la voluntariedad,
salvo en aquellos casos regulados por una norma específica.
7. Reforzar a los organismos técnicos de las
Administraciones. Es absolutamente imprescindible poner en
valor y dotar con suficientes medios económicos y humanos al
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, al
Instituto Social de la Marina, al Instituto Nacional de
Silicosis, a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y a
los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas para
favorecer el conocimiento a través de su labor
investigadora.
8. Potenciación de la Inspección de Trabajo. No sólo se debe
incrementar el número de Inspectores y Subinspectores de
Trabajo para acercar nuestros ratios a los del resto de
países de la Unión Europea sino que se debe reforzar su
formación y acentuar su especialización en materia de
prevención de riesgos, con el fin de que estos puedan llevar
a cabo de manera eficaz las funciones que legalmente tienen
encomendadas.
9. Transformación del modelo de Mutuas. Se deben revertir
las últimas modificaciones legales del sistema de Mutuas
subrayando su carácter público, intensificando el control de
la Seguridad Social mejorando la participación de la
representación de los trabajadores en su elección y
remarcando que sus objetivos prioritarios son la prevención
de riesgos laborales y la reparación de los daños
ocasionados por el trabajo frente al control de los costes
económicos y la mejora de la competitividad de las empresas.
10. Impulso a la democratización en las relaciones
laborales. La democracia en la empresa pasa por reforzar los
derechos de participación y consulta de los representantes
de las trabajadoras y los trabajadores, de las delegadas y
delegados de prevención y de los comités de seguridad y
salud. Todos los estudios sobre prevención han demostrado la
existencia del “efecto sindicato”: las condiciones de
trabajo mejoran sustancialmente en las empresas con
presencia sindical.
Sabemos que un cambio de rumbo como el que proponemos no es
sencillo ni inmediato, pero hace falta una estrategia
política clara en materia de prevención de riesgos laborales
que lo ponga en marcha. La autocomplacencia por los logros
obtenidos en etapas anteriores está suponiendo la antesala
de un retroceso histórico. Las elecciones generales y
autonómicas este año 2015 son la oportunidad para que este
cambio de políticas se empiece a concretar, pero para ello
es necesario que estas y otras medidas configuren las líneas
de actuación a futuro de los partidos.
CCOO y UGT nos comprometemos a dedicar este 28 de Abril, Día
Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, a
trasladar este decálogo a los partidos políticos y a la
sociedad para intentar lograr su compromiso con la salud
pública en general y con la laboral en particular. Para que
en el siglo XXI el objetivo de enfermedad y accidente
laboral cero deje de ser una fórmula retórica y pase a
formar parte de la realidad del mundo del trabajo.
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OPINIÓN
/
MANIFIESTO
