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CCOO y UGT exigen al ministro de Justicia, Rafael Catalá,
que se comprometa a desechar definitivamente el traslado del
Registro Civil a los registros de la propiedad después de
que el viernes éste anunciara que se aplaza la reforma que
iba a entrar en vigor el próximo 15 de julio. Un cambio que
los sindicatos han denunciado siempre como una privatización
que conllevaría el despido del personal que se encuentra en
los registros y un coste para los ciudadanos en servicios
como inscribir un nacimiento u obtener el libro de familia.
La Federación de Justicia de CCOO, a través de un
comunicado, ha señalado que no puede dar por válidas sin más
“unas simples declaraciones” a los medios de comunicación
por parte del ministro, sobre todo después de llevar más de
dos años luchando contra este proyecto inicialmente
presentado por Alberto Ruiz-Gallardón pero asumido por el
actual ministro desde su toma de posesión. “CCOO solo
admitiremos, para detener las movilizaciones y todas las
acciones que estamos realizando junto a miles de
trabajadores, la retirada inmediata de la Ley 18/2014 que
pone en manos de los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles la gestión de los Registros Civiles y no un
simple aplazamiento de su entrada en vigor prevista para el
próximo 15 de julio”, han advertido desde el sindicato.
El ministro Catalá, señalan desde el sindicato, conoce
perfectamente que el modelo de Registro Civil propuesto por
CCOO es un Registro Civil “público, gratuito, cercano al
ciudadano y gestionado por personal al servicio de la
Administración de Justicia”. Eso sí, apuntan que es
necesario mejorar las infraestructuras tecnológicas y se
dotar de más y mejores medios personales este servicio para
hacer del Registro Civil un servicio público moderno y
eficaz. “Mejores medios que el Gobierno ha sido incapaz de
dotar hasta el momento, pero sí ha donado de los impuestos
de los españoles 4 millones de euros a los Registradores en
el BOE de 7 de abril para la tramitación de los expedientes
de nacionalidad”, critican desde CCOO.
Por último, el sindicato reconoce que el poco consenso
suscitado por este proyecto tanto entre la comunidad
judicial como entre los partidos políticos de la oposición,
y también fundamentalmente entre toda la ciudadanía, como ya
se demostró en el seguimiento en la manifestación del pasado
11 de abril, así como las más de 100.000 firmas que se han
recogido contra la privatización, “está siendo determinante
en este cambio de rumbo en la política privatizadora del
ministerio de justicia”.
Mientras, desde UGT destacan que la situación había llegado
a tal punto de tensión que algunos registradores mercantiles
y de la propiedad habían interpuesto un recurso para acabar
“con tal despropósito”. Por eso, ante la paralización, desde
UGT se han mostrado contentos. Eso sí, esperan que este
martes, durante la mesa sectorial que hay convocada, el
ministro dé el siguiente paso y anuncie que anula la
reforma.
Lucha de los trabajadores
“Esta decisión no habría sido posible sin la apuesta firme
de los trabajadores de los Registros Civiles de este país,
que junto a la lucha de UGT que ha buscado apoyos en otros
operadores jurídicos y asociaciones de consumidores y cumbre
social, hemos mostrado al Gobierno del PP nuestra rotunda
oposición a aceptar esta privatización”, trasladan los
ugetistas.
No obstante, no se ha llegado al final del camino y desde
UGT alertan de que seguirá vigilante para ver que el anuncio
realizado por Rafael Catalá se cumple realmente, y que su
decisión es verdaderamente cierta. “Para UGT sólo tendrá
validez una propuesta consensuada que mantengan el Registro
Civil en la Administración de Justicia y servida por los
funcionarios de la Administración de Justicia, que somos los
auténticos profesionales en esta materia y auténticos
valedores de la reserva de los datos tan privados que se
inscriben en el Registro Civil”, apostillan desde el
sindicato.
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