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Insisto, usted tiene derecho a arruinar su vida, amigo, pero
usted no tiene ningún derecho a arruinar la vida de los
demás. Y así esto último me lo parece cuando un grupo de
juristas ha salido en tromba para advertir que el “rechazo
en frontera es radicalmente ilegal” y que los guardias
civiles no están amparados por garantía jurídica alguna.
Este grupo de “catedráticos y profesores” de distintas
universidades están empeñados, junto con ONG, partidos de
izquierda, sindicatos socialista y comunista, Defensora del
Pueblo, obispos y demás laya, en arruinarnos la vida en
nuestro propio país, dando visos de ilegalidad al rechazo en
el mismo vallado de Ceuta y Melilla a quienes, en modo
alguno, les asiste ningún derecho a invadir un país
extranjero. Son legión e incansables al desaliento quienes
insisten, una y otra vez, en advertir y amenazar con los
fuegos del infierno si los asaltantes de fronteras son
enviados de vuelta al lugar de donde han venido. Arguyen que
los “sin papeles” son entregados a la autoridades
marroquíes, “cuya política y trato con los sin papeles son
de sobras conocidos”. ¿De dónde vienen, pues, cuando saltan
las vallas? ¿De Marruecos? Pues a Marruecos son devueltos.
¿No hay un tratado bilateral con Marruecos?
Leído con detenimiento el informe de estos “catedráticos y
profesores de universidad” se desprende de él una ingenuidad
y candidez que tiran para atrás. En serio, ¿estos lumbreras
pretenden que la guardia civil baje al centenar de africanos
encaramados en el vallado y que a cada uno de ellos se le
abra un procedimiento con todas las garantías habidas y por
haber para “proceder a la identificación de cada uno de esos
asaltantes”, y que a continuación se proceda “al dictado de
una resolución administrativa individualizada debidamente
motivada y la notificación del régimen de recursos contra
esa resolución”? ¿Y así un día tras otro? ¿A cualesquiera
centenares de africanos que se encaramen a las vallas? ¿Han
perdido la razón? ¿Han perdido contacto con la realidad de
la inmigración ilegal, o las horas de estudio y lectura de
gruesos y polvorientos tratados jurídicos les han
imposibilitado diferenciar la vida real de la vida que
subyace en esos libracos?
Se me hace muy cuesta arriba creer que estos iluminados no
se den cuenta de que lo que pretenden podría arruinar
nuestras vidas, pues ya no estaríamos en la inmigración,
sino en la sustitución de la sociedad. Sería un auténtico
genocidio cultural. Acceder a esta barbaridad sería el fin
de nuestro país. Pero, claro, parece que estos enajenados,
por horas de mantener la nariz dentro de sus polvorientos
libros, sean incapaces de levantar la vista y salir a la
calle, fuera de sus barrios residenciales, en donde vivirán
en zonas restringidas al margen de cualquier contacto con
inmigrantes venidos de los cuatro puntos cardinales, y
observar la realidad que está ahí fuera. Así es fácil
disparar con pólvora del rey: que sean otros los que los
socialicen en sus barrios, en sus escuelas, en sus viviendas
o en sus zonas de ocio, y esos otros son, sin dudarlo, la
clase trabajadora, el ciudadano de a pie. ¿Es tan difícil
entender que los españoles tenemos derecho a vivir dentro de
fronteras seguras? ¿Es tan difícil entender que cuando no se
defiende el territorio, cuando se entra fuera de la ley no
hay inmigración, sino simplemente una invasión?
Decididamente dar pábulo a estas teorías sería deslizarse
lentamente, pero sin pausa, hacia un suicidio colectivo de
la sociedad española, estaríamos asistiendo a una
sustitución de la población, y a la suplantación de sus
valores, se trataría, en suma, de una verdadera
colonización. De un vuelco demográfico y de valores, en
resumidas cuentas. En todo el año 2014 ha habido más de
17.000 intentos de entrada por las vallas de Ceuta y
Melilla, pero según los argumentos de estos “catedráticos y
profesores de universidad” deberían haber sido invitados a
entrar –pues, arguyen, que las vallas están ubicadas en
territorio nacional–, y ser identificados cada uno de esos
17.000 asaltantes y “haber dictado una resolución
individualizada debidamente motivada”. Dislates tan
peregrinos como los que proponen estos juristas convertirán
el tejido social español en una suerte de guetos de razas,
de etnias y de nacionalidades. Amén de estar a merced de
grupos de terroristas–yihadistas, como los que los Cuerpos y
Fuerzas de la Seguridad del Estado vienen desmantelando.
En octubre de 2005, siendo titular de Interior el socialista
José Antonio Alonso, más de medio millar de africanos
intentaron un salto masivo a la valla de Ceuta. Fue,
recordamos, una tragedia. Hubo muertos a tiros y heridos, y
alrededor de un centenar fue expulsado a Marruecos. Ante el
escándalo que se formó, el presidente Zapatero aseguró que
el terreno entre las dos vallas venía a ser como el de un
puesto fronterizo en donde los agentes rechazan al
extranjero que no lleve la documentación pertinente para
acceder a territorio español. La actuación de los agentes de
seguridad se acomodaba a lo estipulado por el Reglamento de
la Ley de Extranjería, aprobado el año precedente por el
Gobierno socialista. Contra aquel texto varias ONG
interpusieron recurso. Hete aquí que en marzo de 2007, el
Tribunal Supremo se pronunció y dio la razón al Gobierno.
Así pues, los inmigrantes que logren saltar las vallas de
Ceuta y Melilla y sean aprehendidos cuando ya se hallen en
territorio español, según el Supremo, podrán ser devueltos a
Marruecos, sin que hubiera necesidad de abrirles un
expediente de expulsión. ¿A qué vienen ahora estos
iluminados juristas a remover lo que ya sentenció el
Tribunal Supremo? Lo dicho, estos juristas tienen derecho a
arruinar sus vidas, pero no a arruinar la vida de los demás.
(PD/ Recuerde: faltan 18 semanas para celebrar el 6º
Centenario de la conquista de Ceuta por los portugueses: el
21 de agosto de 2015)
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