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Los sindicatos del área de las Instituciones Penitenciarias
han exigido la inmediata dimisión de la subdirectora general
de Recursos Humanos en Instituciones Penitenciarias, Ana
María Velasco Rodríguez, por su “incapacidad” técnica para
desarrollar las funciones inherentes a su cargo, por su
“falta de sensibilidad” en la salvaguarda de los intereses
de las trabajadoras y trabajadores penitenciarios y por la
“absoluta prepotencia” en la gestión de los recursos
humanos, que se caracteriza por una “distorsión de la
aplicación de las normas con el objeto de aplicarlas de la
manera más restrictiva”.
Las centrales sindicales recuerdan que la Administración
Penitenciaria tiene el mayor número de litigios sobre
materias relacionadas con el personal de toda la
Administración General del Estado.
Y el último episodio denunciado por las centrales sindicales
es la ejecución de una sentencia relacionada con el concurso
de traslados de 2012, que producirá un grave perjuicio para
muchas trabajadoras y trabajadores, gestión que se está
llevando a cabo “con una alarmante falta de sensibilidad y
máximo oscurantismo lo que imposibilita la justa defensa de
los interesados”.
En este sentido se ha destacado que la “incapacidad” en la
gestión de la Sentencia 57/2013, que modifica el concurso
del año 2012, puede ocasionar graves perjuicios a un número
muy importante de funcionarios de prisiones, y de ahí que se
defienda que se garanticen los derechos de todo el personal
afectado, “que no puede pagar las consecuencias de
decisiones que le son ajenas”.
Precisamente, desde la FSP-UGT se viene denunciando desde
hace más de un año la importante merma de funcionarios que
se había producido en el centro penitenciario de ‘Los
Rosales’, donde la plantilla en los dos últimos años se ha
reducido en un 25% aproximadamente. No en vano, actualmente
son un total de 180 funcionarios en la prisión de ‘Los
Rosales’, una plantilla ya de por sí, tal y como se indica
desde la FSP-UGT, escasa y que además se verá reducida en
los próximos meses ya que se tiene previsto que durante el
presente año se jubilen entre siete u ocho funcionarios.
Esta situación, tal y como se manifestaba desde la FSP-UGT,
va en detrimento también de la seguridad, no sólo de los
propios funcionarios, sino también de los internos del
centro, así como se produce una merma importante de la
calidad del servicio que se presta. Desde el sindicato se
exculpaba a la dirección del centro penitenciario de esta
situación y centraba toda esta problemática en Madrid,
indicando que desde la dirección de la cárcel de Los Rosales
se ha notificado y solicitado que se cubran estas plazas que
se han ido generando y desde Madrid tan sólo se ha dado la
callada por respuesta.
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La apertura de la nueva carcel se retrasa
Según fuentes sindicales
consultadas, la apertura de las nuevas instalaciones
petinenciarias podría retrasarse hasta cinco años ya que hoy
por hoy no se cuenta con el personal necesario para poder
abrir el nuevo centro. Para intentar mantener estas
dependencias y que no se deterioren ya se ha adjudicado un
servicio que costará al estado 2 millones de euros anuales.
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La OPE no cubre la tasa de reposición
Los sindicatos se vuelven a quejar
de que la Administración ha vuelto a conovocar una Oferta
Pública de Empleo para 2015 que no cubre ni siquiera la tasa
de reposición, al recordar que se han convocado un total de
275 plazas y que la estimación de jubilaciones que se
producirán este año es de 300, por lo que se volverá a
producir un importante descenso en las plantillas de los
centros penitenciarios.
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“Han abandonado al personal interino”
Los sindicatos también han
denunciado que la Administración ha abandonado al personal
interino sin impulsar un proceso de consolidación, como
determina la ley, lo que puede conllevar que se echen a la
calle a 156 compañeras y compañeros, sin tener en cuenta que
es la Institución más deficitaria de personal de la
Administración General del Estado.
CCOO insiste en proteger que estos compañeros deben de
continuar en Instituciones Penitenciaras, y defenderá sus
propuestas para que se materialice esa situación.
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Una clara apuesta por la privatización
Entre las quejas de los sindicatos
está la de que la Administración se niega a pagar el precio
de las guardias médicas como horas normales de trabajo, ni
en situación de ILT o vacaciones, a pesar de las múltiples
sentencias que ya han dirimido la cuestión en ésta
dirección. Además advierten de que la institución está peor
que nunca, con un apuesta clara por la privatización y la
degradación.
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