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Tras el “éxito” de la manifestación celebrada el pasado
sábado día 11 contra la privatización del Registro Civil,
CCOO ha denunciado que, “el Ministro de Justicia Rafael
Catalá, a través de agencias de noticias, sigue intentando
desactivar lo que ya es un clamor ciudadano contra dicha
privatización”, afirmando que “el Registro Civil no se va a
privatizar” y garantizado que este servicio seguirá siendo
“gratuito, público y cercano al ciudadano gracias a la
progresiva implantación de medios telemáticos con el apoyo
de más de 1.100 oficinas del Registro en toda España”.
CCOO denuncia que, “si sigue adelante el Gobierno con su
proyecto, sí se va a privatizar el Registro Civil: los
Registradores de la Propiedad y Mercantiles no están
integrados en la Administración, su personal no son
funcionarios públicos, los datos de millones de españoles y
de extranjeros que viven en España serán gestionados por
personal de ámbito privado y los ingresos, multimillonarios
además, de los Registradores proceden de los beneficios
derivados del ejercicio de una función pública por la que
cobran directamente a los ciudadanos, como cualquier
profesional liberal”. Además, el sindicato se pregunta que
“si no se va a privatizar el Registro Civil, ¿por qué no
deja que sus actuales Secretarios Judiciales y personal de
la Administración de Justicia continuar su carrera en el
nuevo Registro Civil, aprovechando el conocimiento y
experiencia adquirida durante tanto tiempo?.
Para CCOO Catalá “miente deliberadamente cuando afirma que
los servicios prestados por el Registro Civil van a seguir
siendo gratuitos para los ciudadanos en los mismos términos
que en la actualidad”. Prueba de ello, afirma el sindicato
“son el proyecto de ley de tramitación de la nacionalidad
española por residencia, hoy en trámite en el Senado, que
establece expresamente que el Gobierno podrá establecer
aranceles para retribuir a los Registradores por todas las
actuaciones derivadas de dichos expedientes (tramitación del
expediente, jura de nacionalidad, inscripción de nacimiento
y nacionalidad). O el proyecto de Ley de Jurisdicción
Voluntaria, que amplía la competencia en la tramitación de
los expedientes a los Notarios, y permite el establecimiento
de aranceles para ello”, señalando que “estos expedientes,
que constituyen más del 80 % de expedientes del Registro
Civil, hoy son gratuitos y mañana dejarán de serlo”.
“Ejemplo de gratuidad son los 4 millones de euros que el
Ministerio de Justicia va a pagar al Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles, según consta en
la encomienda de gestión publicada en el BOE de 7 de abril,
o las enmiendas propuestas por el Ministerio de Justicia a
un proyecto de Ley en tramitación en el Congreso,
consensuadas con el Colegio de Registradores, para el cobro
de los libros de familia, manifestaciones sobre vecindad
civil, capitulaciones, cambios de nombre, etc, que han
aparecido en diversos medios de comunicación”, subraya el
sindicato.
Ademñas, CCOO denuncia que “con la privatización no se
cumple con el imprescindible consenso con todos los grupos
parlamentarios, que en su inmensa mayoría rechazan la
privatización, y con toda la sociedad. Si hubiese consenso
no estarían en contra de la privatización todas las fuerzas
políticas del arco parlamentario, salvo el PP y la mayoría
de las organizaciones sociales y ciudadanas”.
El sindicato también rechaza que “la privatización del
registro suponga un modelo más eficiente frente al actual.
Si hay deficiencias o demoras en algunos Registros se deben
a la falta de dotación de medios personales y materiales,
responsabilidad del Ministerio de Justicia”.
CCOO lamenta que “la privatización del Registro Civil
supondrá un servicio mucho más alejado de los ciudadanos”,
señalando que “sólo habrá Registros Civiles en las capitales
de provincia y algunas ciudades de más de 100.000
habitantes, desaparecerán más de 8.000 oficinas actuales de
Registros Civiles, y las supuestas 1.100 oficinas del
Registro, que serán los Registros de la Propiedad y los
juzgados de paz, sólo lo serán para poder presentar a través
de ellas las solicitudes, como en cualquier administración o
servicio de correos, pero que no prestarán ningún otro
servicio como expedición de certificados, tramitación de
expedientes o práctica de inscripciones.
Por último, CCOO denuncia la dejación del Ministerio de
Justicia en la modernización del Registro Civil”, exigiendo
al Ministro de Justicia que “paralice la privatización del
Registro Civil, y vuelva al consenso. CCOO reclama que el
Registro Civil sea de verdad un registro civil público,
gratuito, moderno, cercano a los ciudadanos, integrado en
las Administraciones públicas y servido íntegramente por
personal de la Administración de Justicia, y no el bodrio
que pretende imponernos”.
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