La Comisión Europea ha interpuesto una denuncia al Estado
Español como primer acto formal de un proceso de infracción
por no declarar formalmente los Lugares de Importancia
Comunitaria en Zonas Especiales de Conservación y por no
adoptar medidas de conservación en estos lugares. La
situación es muy grave, ya que más de 1.000 espacios
protegidos de la Red Natura 2000 carecen de una declaración
efectiva y de un plan de gestión que contenga objetivos y
medidas de gestión que aseguren su conservación, esta
situación está llevando a una degradación progresiva de
nuestros espacios protegidos, degradación que supondrá un
mayor coste económico para lograr que estén en buen estado
de conservación , cuando es mucho más sencillo y barato
conservar lo que tenemos que luego recuperar especies y
hábitats con costosos programas de recuperación y
restauración.
El territorio de Ceuta cuenta con dos espacios naturales
integrados en la Red Natura 2000, la ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves) de Calamocarro-Benzú y la de los
Acantilados del Monte Hacho. Según informaciones a las que
ha tenido acceso el grupo local de SEO-Ceuta, hace ya tiempo
que el P.O.R.N (Plan General de Ordenación de los Recursos
Naturales) de la ZEPA de Benzú Calamocarro está finalizado,
pero desconocemos que tipo de razones están retrasando su
aprobación. El P.O.R.N. de la ZEPA de los Acantilados del
Monte Hacho aún no se ha iniciado.
Por parte de SEO-Ceuta se ha venido denunciando
reiteradamente este incumplimiento, por parte de la ciudad,
de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, que acoge estos aspectos. Además, el retraso
en la aprobación de los planes de gestión supone la
imposibilidad de aplicar más fondos comunitarios en estas
zonas, no sólo para la gestión de los espacios, sino para
activar medidas y políticas de desarrollo rural.
WWF España y SEO/BirdLife estiman que la denuncia
interpuesta por la Comisión Europea al Estado español por
los planes de gestión de la Red Natura 2000 demuestra un
fracaso en las políticas de conservación de la Naturaleza
por parte de España, y muy particularmente por parte de las
comunidades autónomas. La denuncia no debe suponer una
aprobación masiva de planes de gestión de baja calidad ya
que sólo supondría un cumplimiento formal a la normativa
europea pero no evitaría que la denuncia prosiguiese por no
dar respuesta a las necesidades de la Red Natura 2000.
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