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El partido político MDyC ha denunciado públicamente que a
fecha de hoy aún no se ha licitado el contrato del servicio
de monitores de natación y socorristas para las piscinas
públicas, Y todo ello, según la formación, pese a que la
vicepresidente Primera del Gobierno, Adela Nieto,
respondiera a la líder de este partido, Fatima Hamed, que a
primeros de año se procedería a la mencionada licitación.
A través de un comunicado de prensa, desde MDyC se explic
que cace ya ocho meses desde que “denunciamos públicamente
para conocimiento de toda la ciudadanía que el servicio de
monitores de natación y socorristas en las piscinas públicas
de nuestra ciudad estaba siendo prestado por la empresa
Arasti Barca sin existir relación contractual expresa”,
puesto que el contrato en virtud del cual se prestaba el
citado servicio hacía cerca de dos años que había
finalizado.
Y no sólo se había prorrogado el servicio sin existir
contrato entre el Instituto Ceutí de Deportes y la empresa,
sino que como consecuencia de ello, y como denunciamos el
pasado mes de diciembre, el organismo deportivo adeudaría
más de un millón de euros a la mercantil Arasti Barca
También se advierte en la nota que igualmente esa situación
se terminaría traduciendo en un reconocimiento extrajudicial
de deudas superior al millón de euros a favor de la empresa
y en perjuicio de cualquier mínimo atisbo de lo que debería
ser una gestión eficiente de los recursos públicos.
Un hecho, a juicio de MDyC, absolutamente inaceptable que
tras más de dos años no se haya sacado a licitación pública
el contrato que deba regir el servicio de monitores y
socorristas en las piscinas Díaz Flor y Guillermo Molina.
Desde la formación se recuerda que “interpelados en el Pleno
de la Asamblea a la vicepresidenta Primera, de la que
depende directamente el ICD. respondienedo a nuestra
compañera Fatima Hamed que a primeros de año estaría
licitado el contrato. “Una mentira más a las que nos tiene
acostumbrados el desgobierno de Vivas”, puesto que a fecha
de hoy aún no se ha procedido a la licitanción
Si ello es de por si grave, más lo es el hecho de que en
fecha 23 de octubre de 2014, la intervención de la ciudad se
mostrara en disconformidad, en su acción fiscalizadora, el
pliego que se le sometía a fiscalización previa sin que aún
se haya realizado ninguna subsanación y, por tanto, esto
impide que el contrato se licite públicamente mientras, la
deuda extrajudicial sigue creciendo y creciendo y
terminaremos pagándola, como siempre, entre toda la
ciudadanía porque nuestros gestores son ineptos para la
responsabilidad que tienen.
Intervención
La formación política pone especial énfasis en el hecho de
que la Intervención de la Ciudad alude a una serie de
importantes cuestiones y observaciones como son las
siguientes: El contrato reflejaría en los pliegos que el
precio de licitación asciende a 459.264 euros, si bien, no
sean desglosado las distintas unidades, incumpliendo lo que
establecen las normas.
No hay informe justificativo que avale el precio del
contrato, toda vez que, el anterior contrato se adjudicó por
importe de 219.662,56 euros y el nuevo por 459.264 euros
No existe acuerdo adoptado por el órgano competente dando la
conformidad a la contratación.
No se aclara si es procedente o no la obligación de subrogar
al personal, toda vez que, el anterior contrato finalizó con
fecha 11 de octubre de 2012 ni se aclara la lista del
personal que debría de ser subrogado, ya que la misma
refleja trabajadores con fecha de antigüedad posterior a la
fecha de finalización del contrato. Asimismo, tampoco
coinciden el número de personas que podrían subrogarse con
lo recogido en el pliego de condiciones.
Estos motivos que exponemos llevaron en su día a la
fiscalización de disconformidad y casi seis meses después
aún no se han aclarado ni solucionado ante la manifiesta
dejadez de funciones por parte del “señor Vivas y su
desgobierno”.
Con todo ello, queda claro que los recursos públicos no
están en manos de responsables políticos aptos para velar
por el interés general.
Fatima Hamed calificó ya en agosto de 2014 el caso como “un
nuevo ejemplo de la mala gestión que realiza el Partido
Popular”. argumentando, en aquella ocasión, que la Ciudad
“podría adeudar más de un millón de euros a la empresa
Arasti Barca que hay que recordar, es la misma que se ha
encargado de gestionar la escuela infantil ‘La Pecera’.
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movimiento por la dignidad y la
ciudadanía
