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El informe realizado por la
Universidad del País Vasco en el que se cuestiona la calidad
de la investigación forense llevada a cabo por el Juzgado de
Instrucción número 6 de Ceuta, que entiende de la causa
contra dieciséis imputados, entre mandos y agentes de la
Guardia Civil, por los sucesos ocurridos el 6 de febrero del
pasado año en el espigón del Tarajal y en los que perdieron
la vida quince inmigrantes, ha generado la polémica y ha
vuelto a poner en caso en candelero, después de que hasta
hace pocas fechas que todo se había calmado tras prestar
declaración los números y mandos de la Benemérita.
Un caso, que junto con los de Melilla, ha obligado al
Gobierno de Mariano Rajoy a tener que incorporar en la nueva
Ley de Seguridad Ciudadana una disposición adicional, la
décima, para evitar que los miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado se encuentren con los problemas que en
la actualidad sufren los agentes destinados en la
Comandancia ceutí.
El trabajo, adelantado en exclusiva por la Cadena Ser, ha
sido realizado por el doctor en Medicina y Cirugía, forense
y prestigioso investigador, Luis F. Callado, que en su
informe, de diecinueve páginas, cuestiona la calidad de la
investigación forense realizada por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta .
Otro conclusión importante es que “existieron elementos
relacionados con la intervención de terceras personas... que
pudieron contribuir de manera significativa como un elemento
coadyuvante en el fallecimientos de estas personas”. El
asunto se antoja grave, y eso debería obligar a todos a
reflexionar, incluso a Europa, de manera profunda sobre el
drama de la inmigración en las fronteras de Ceuta y Melilla.
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OPINIÓN / EDITORIAL
