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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer tres de las
principales reformas impulsadas por el Gobierno del Partido
Popular en materia penal y de seguridad. Se trata del último
paso antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal,
que incluye la prisión permanente revisable y delitos
específicos para luchar contra el territorismo yihadista, y
la Ley de Seguridad Ciudadana.
Pero la reforma también recoge la disposición final primera,
que bajo el título Régimen especial de Ceuta y Melilla,
adiciona una disposición adicional décima a la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, con la
siguiente redacción: «Disposición adicional décima. Régimen
especial de Ceuta y Melilla.
Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza
de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras
intentan superar los elementos de contención fronterizos
para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados
a fin de impedir su entrada ilegal en España. En todo caso,
el rechazo se realizará respetando la normativa
internacional de derechos humanos y de protección
internacional de la que España es parte.
Las solicitudes de protección internacional se formalizarán
en los lugares habilitados al efecto en los pasos
fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la
normativa en materia de protección internacional.»
En la disposición final del texto legal que se recoge en lo
publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado se dice que
disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero entrará en vigor en el día de hoy, mientras que la
Ley Orgánica lo hará el primero de julio.
Así y en la disposición final quinta, bajo el título de
entrada en vigor, se dice que esta Ley orgánica entrará en
vigor el 1 de julio de 2015, salvo la disposición final
primera, que entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», esto es en
el día de hoy.
Esta nueva Ley ha recibido numerosas críticas y rechazo
tanto de partidos políticos en el Congreso y en el Senado
como de distintos colectivos y Organizaciones no
Gubernamentales, algunas, incluso, solicitaron durante la
tramitación de la misma en las dos Cámaras que se elaborara
un protocolo de actuación para las Fuerzas de Seguridad del
Estado que prestan sus servicios en lo perímetros
fronterizos de ambas ciudades, algo a lo que el Parito
Popular no accedió.
En lo que se refiere al tercer apartado del texto legal, el
relativo a las solicitudes de protección internacional, ésto
proclama que se formalizarán en los lugares habilitados al
efecto en los pasos fronterizos.
Se trata de las oficinas de asilo creadas por el Ministerio
del Interior en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla,
y que, en el caso de la de la ciudad instalaciones donde se
recepcionan las peticiones de quienes consiguen superar el
control marroquí de salida del país y acercarse hasta el
control de entrada en España. No es el caso de los
ciudadanos de origen subsahariano en Marruecos, ya que el
país vecino considera irregular la salida del país.
Esta reforma de la Ley de Extranjería tiene su origen en la
tragedia que tuvo lugar el 6 de febrero de 2014, cuando
quince personas murieron intentando alcanzar a nado la playa
ceutí de El Tarajal.
Las 23 personas que sí consiguieron llegar a tierra española
fueron entregadas por la Guardia Civil a Marruecos por una
puerta de servicio de la valla, una práctica ilegal y
habitual en la frontera sur que las ONG venían denunciando
casi una década y que aquella mañana fue grabada y difundida
ampliamente.
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