El PSOE teme que laLey de Seguridad Ciudadana, aprobada por
el PP en solitario esta semana, acabe con la Policía
Portuaria y abra este sector a la empresa privada. Por ello,
el partido ha registrado una iniciativa en el Congreso en la
que exige al Gobierno que garantice que no introducirá
mecanismos para privatizar Policía Portuaria. En su
iniciativa, recogida por Europa Press, el partido recuerda
que la Policía Portuaria realiza funciones de vigilancia,
control y protección de los puertos, mantenimiento de la
seguridad en las zonas portuarias, vigilancia y control del
tráfico y la aplicación de la normativa de seguridad vial en
las zonas de dominio público, denunciando las infracciones,
y labores de protección civil y como agentes actuantes en
los Planes de protección. Sin embargo, el PSOE señala que
estas funciones “se realizan en un ámbito competencial de
inseguridad jurídica manifiesta, sujeta a interpretaciones y
jurisprudencia de distinta índole, siendo necesaria la
reordenación de un marco normativo claro que ofrezca
cobertura legal a esta realidad funcional tan importante
para la seguridad de los puertos de titularidad estatal”.
Los socialistas advierten de que la supresión de un artículo
de la Ley de Seguridad Ciudadana relativo a las funciones de
policía especial y las materias sujetas a su potestad
administrativa “está causando una gran incertidumbre e
inseguridad entre los trabajadores adscritos al Cuerpo de
Policía Portuaria que prestan sus servicios en los Puertos
de Interés General del Estado”.
Para el partido, “esta incertidumbre está generando entre
los trabajadores un profundo temor a que sea el preludio de
un proceso de subcontratación/privatización de los servicios
prestados hasta la fecha por el Cuerpo de Policía
Portuaria”. Este Cuerpo, presente también en Ceuta, está
compuesto actualmente por más de 2.000 trabajadores. Por
ello, el PSOE exige del Gobierno “evitar la inseguridad
jurídica y despejar las dudas que en este momento se ciernen
sobre un cuerpo de profesionales”.
Los socialistas animan al Gobierno a “normalizar el estatuto
jurídico y funcional de la Policía Portuaria en los puertos
de titularidad estatal, reforzando, sistematizando y
regularizando normativamente las competencias atribuidas al
Cuerpo”.
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