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CCOO-Justicia ha reclamado el apoyo de los diputados de la
Asamblea de Ceuta para que el Pleno muestre públicamente su
apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular que ha puesto en
marcha el sindicato. Una medida que aboga por mantener el
Registro Civil y tumbar la reforma promulgada por el
Ministerio de Justicia para que los registradores asuman las
competencias de este órgano. En una carta dirigida al
presidente de la Ciudad Autónoma y los portavoces de los
grupos parlamentarios, CCOO-Justicia alerta de que la
atribución de los Registros Civiles a los registradores
mercantiles, “además de gravar los bolsillos de los
ciudadanos, alejará el servicio de las localidades en las
que residan ya que desaparecerán los Juzgados de Paz así
como todos los Registros Civiles que existen actualmente en
todas las localidades que son cabeceras de partido
judicial”.
El objetivo de la ILP, y así lo señalan desde CCOO, es
mantener el Registro Civil “como un servicio público en el
ámbito de la Administración de Justicia, gratuito, y con
garantías de confidencialidad”. Así, instan a los grupos
políticos a incluir en el orden del día del próximo pleno
que se apoye a la Iniciativa Legislativa Popular planteada
por CCOO-Justicia.
El sindicato asegura que la decisión del Gobierno para
derivar a los registradores el servicio de los registros
“incide en la destrucción de servicios públicos” ya que este
es “un servicio público fundamental que las personas estamos
obligadas a utilizar a lo largo de nuestra vida”. “Se trata
de una privatización que además de romper el consenso
político está pensada en perjuicio del ciudadano. El
Registro Civil dejará de ser un servicio público y gratuito
para convertirlo en un negocio privado en manos de los
registradores de la Propiedad y Mercantiles que, según
sentencias del Tribunal Europeo, no son funcionarios
públicos por más que sea la oposición el sistema para
acceder a esos Cuerpos”, apuntan. Además, CCOO recuerda que
los registradores un arancel por cada una de las operaciones
en las que intervienen.
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“Se acabará pagando por actos que hasta ahora eran
gratuitos”
CCOO alerta de que se acabará
pagando por actos que hasta ahora eran gratuitos o, en su
caso, que no eran objeto de inscripción registral alguna.
“El Gobierno pretende ampliar los hechos objetos de
inscripción a cuestiones absolutamente ajenas al Registro
Civil, para que los registradores puedan hacer caja”,
aseguran y como avance señalan que el registro de seguros o
de actos de última voluntad, hoy competencia del Ministerio
de Justicia y por el que hay que pagar una tasa actual de
3,70 euros al Tesoro Público, pasa a los registradores.
Además se pagará por el libro de familia y la inscripción o
revocación de los poderes notariales.
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comisiones obreras
