El Partido Socialista se suma un año más a la conmemoración
del Día Internacional para la Eliminación de la
Discriminación Racial, efeméride que conmemora el
aniversario de la matanza de 1960 en Sharpeville
(Sudáfrica), donde 69 manifestantes pacíficos y desarmados
fueron asesinados por la policía de Sudáfrica cuando
protestaban contra las leyes injustas del apartheid en ese
país. El Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad
colectiva de promover y proteger los ideales de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de nuestro
propio texto constitucional en su artículo 9.2, reafirmando
la igual dignidad humana de las personas y el universal
reconocimiento de los derechos humanos protegidos en el
artículo 10 de la Constitución. Este año Naciones Unidas
establece como lema «Aprender de las tragedias históricas
para combatir la discriminación racial del presente», y
tiene como objetivo explorar las causas profundas del
racismo y la discriminación racial y hacer hincapié en la
necesidad de aprender de las lecciones del pasado para
luchar contra el racismo y la discriminación en la
actualidad. En este día queremos recordar a Lucrecia Pérez,
inmigrante dominicana vilmente asesinada en Madrid el 13 de
noviembre de 1992, víctima del racismo y la xenofobia, el
primer asesinato racista que se reconoció como tal en
España.
Este año además Naciones Unidas ha iniciado el Decenio
Internacional de los Afrodescendientes, aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de Diciembre
de 2013. El principal objetivo del Decenio Internacional es
promover el respeto, la protección y el cumplimiento de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
todas las personas, como se reconoce en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, pero con especial
incidencia en las de ascendencia africana. La década, que
dio inicio el 1 de enero de 2015 y durará hasta el 31 de
diciembre de 2024, es una oportunidad para reconocer la
importante contribución de las personas de ascendencia
africana en nuestras sociedades, proponer medidas concretas
para promover su plena inclusión y combatir todas las formas
de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas
conexas de intolerancia.
La lucha contra el racismo necesita del compromiso de los
poderes públicos en la prevención y erradicación de toda
clase de discriminación y delito de odio. En estos años de
gobierno del PP no se ha avanzado nada en esta materia, al
contrario, se ha retrocedido gravemente como pone de
manifiesto la parálisis permanente del Observatorio Español
del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) y del Consejo para la
Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, o el hecho
de que España vaya a ser el último Estado parte en el que
entrará en vigor el “Protocolo adicional al Convenio sobre
la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de
índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas
informáticos”.
El Partido Socialista es pionero en la lucha contra el
racismo tanto en el desarrollo de políticas públicas para
combatir la discriminación como en la creación de grupos
federales de trabajo y visibilidad política como el grupo
del Pueblo Gitano y el grupo Afrosocialista, que
coincidiendo con este día celebra el décimo aniversario de
su constitución, y que siguen siendo espacios pioneros en
España y en Europa para combatir la discriminación racial.
Denunciamos nuevamente que el Gobierno del Partido Popular
no está cumpliendo con las obligaciones europeas contraídas
por nuestro país en materia antidiscriminatoria y de lucha
contra el racismo, como ponen de manifiesto reiteradamente
las organizaciones y expertos que trabajan en este ámbito.
Pedimos al gobierno la inmediata incorporación a nuestro
ordenamiento de la Autoridad contra la discriminación, tal y
como está definida en el derecho de la Unión Europea: con
competencia en todos los campos y por todos los motivos de
discriminación, como un organismo autónomo y eficaz. Tampoco
existe, a pesar de que lo exige la Unión Europea, un
servicio que defienda la no discriminación en el ámbito
judicial.
Hace falta una propuesta seria, potente y coherente de
política criminal contra el racismo y los delitos de odio,
que incluya el estudio y seguimiento del fenómeno, su
prevención y, por supuesto, la sanción. Debemos promover las
reformas legislativas oportunas que posibiliten instar la
ilegalización de aquellas organizaciones que vulneren
sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales
mediante la difusión de ideas de odio ideológico, la
incitación pública o mediante actividades de propaganda
organizada que promuevan la discriminación racial o étnica,
así como un plan de apoyo a las víctimas de este tipo de
delitos.
Para ello, el Partido Socialista impulsará en las
Comunidades Autónomas una Ley Autonómica para la Igualdad de
Trato y la No discriminación que garantice en el ámbito de
sus competencias la no discriminación y la igualdad de trato
y oportunidades para toda la ciudadanía. Así mismo
impulsaremos en el ámbito local Planes Municipales para la
Igualdad de Trato y no discriminación, crearemos los
Consejos Municipales para la Igualdad de Trato, impulsaremos
la formación e información de la Policía Local en las
políticas de igualdad de trato y no discriminación,
estableceremos Planes Municipales contra el racismo, la
xenofobia y la intolerancia asociada, e impulsaremos la
figura del mediador/a cuya misión sea canalizar en el
municipio las iniciativas a favor de la inclusión social y
la igualdad de trato.
En este día reiteramos nuestro firme compromiso de presentar
la Ley Integral para la Igualdad de Trato y contra los
delitos de odio, así como seguir demandando la creación de
Fiscalías especializadas en combatir la discriminación
racial y los delitos de odio. Creemos necesario
sensibilizar, formar e informar a todos los miembros de la
Fiscalía, Judicatura y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado acerca de la tipología, características y
necesidad de combatir el racismo y la discriminación.
Finalmente, el Partido Socialista reitera su compromiso en
la lucha contra la romafobia y el antigitanismo, como
inaceptables expresiones del racismo, que no solo exigen
respuestas jurídicas eficaces y audaces en el marco de la
Unión Europea sino medidas políticas que visibilicen
positivamente a la población gitana en España y en Europa.
|