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Coalición Caballas, con motivo de la aprobación definitiva
del reglamento de protección animal, ha anunciado que
propondrá en el pleno de la Asamblea que particulares y
asociaciones protectoras de animales puedan hacerse cargo
del control de las colonias callejeras de gatos. Una medida
que, puntualizan los localistas, estaría regulada por los
requisitos y condiciones que pusiera el Gobierno.
Con esta propuesta, Caballas busca activar un protocolo de
gestión de estos animales para limitar su expansión sin
tener que recurrir al sacrificio, y atender así a una
demanda “muy sentida” por los colectivos animalistas. “El
primer paso, rechazado hasta ahora por el Gobierno, es la
puesta en marcha de un programa de captura, esterilización y
suelta de gatos callejeros”, propone Caballas. La formación
señala que en este primer paso podrían participar los
particulares en colaboración con las clínicas veterinarias.
Por último, los localistas recuerdan que iniciativas de este
tipo ya se están llevando a cabo con éxito en diversas
ciudades españolas, como Barcelona.
Según el texto elaborado por la Consejería de Sanidad y
Consumo, en las viviendas no podrá haber más de cinco
animales (salvo autorización expresa), no podrá realizarse
más de un cría y no podrán estar en terrazas de manera
continuada, salvo que dispongan de una caseta. En los
transportes públicos no podrán viajar animales salvo perros
guía y en los vehículos particulares deberán viajar alejados
del conductor. En todos los casos, el transporte deberá
hacerse en un espacio suficiente y adecuado y protegidos de
las inclemencias del tiempo.
Régimen sancionador
El Reglamento elaborado por el departamento que dirige
Abdelhakim Abdeselam establece también los requisitos para
la tenencia de animales potencialmente peligrosos, para la
apertura y funcionamiento de centros veterinarios, de venta,
adiestramiento y cuidados temporales y fija un régimen
sancionador, con multas que varían en función de si los
hechos son considerados leves (de 0 a 750 euros), graves
(entre 751 y 1.499 euros) o muy graves (de 1.500 a 3.000
euros).
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COALICIÓN
