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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) lamentó ayer que el texto legal
aprobado en el Senado, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana,
no haga referencia a un procedimiento específico para llevar
a cabo los “rechazos en frontera” en el que se respete
plenamente la normativa internacional, tal y como la Agencia
de la ONU para los Refugiados recomendó.
El Senado español aprobó el jueves una enmienda a la Ley de
Extranjería con la que se busca establecer un nuevo régimen
fronterizo específico para Ceuta y Melilla, las únicas
fronteras terrestres entre África y la Unión Europea.
Si bien ACNUR recomendó la retirada de esta enmienda desde
el inicio del proceso legislativo, valora la inclusión de
una referencia a las obligaciones internacionales de España
en materia de derechos humanos y protección internacional.
No obstante, considera que su puesta en práctica exige ahora
un marco procedimental claro para la actuación de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la
suspensión inmediata de las devoluciones automáticas.
Tal procedimiento requerirá la identificación individual por
parte de las autoridades españolas de las personas que
lleguen a ambas ciudades, sus posibles necesidades de
protección internacional y su derivación al procedimiento de
asilo. Asimismo, tendrá que contemplar garantías como la
asistencia legal, de intérprete y médica cuando sea
necesaria, y lo que es más importante, es preciso que el
procedimiento haga referencia explícita al Principio de non-refoulement
(no devolución), que protege a las personas frente al
retorno forzoso a lugares donde su vida, integridad física o
libertad puedan verse amena
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