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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó ayer en su
visita a la Ciudad Autónoma de Melilla que la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana busca, entre otras cuestiones, dejar
clara cuál debe ser la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en las vallas de Ceuta y Melilla para
“evitar que haya alguna zona de sombra que pueda generarles
incluso alguno tipo de proceso judicial”.
El titular de Justicia se refirió así a los procesos que se
siguen en la actualidad contra agentes de la Guardia Civil
por sus actuaciones en las vallas de Ceuta y Melilla,
“exigiendo unas responsabilidades para quien estoy
convencido que no hace otra cosa que trabajar por el interés
de todos y de los ciudadanos” ha resaltado.
Rafael Catalá dijo que una de las obligaciones que tienen
desde el Gobierno y el poder legislativo “es facilitar
herramientas para que los que defienden la sociedad, nuestro
sistema de libertad, como son las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, puedan hacer su trabajo, con la
calidad y las garantías y la seguridad jurídica que ellos
quieren tener”.
En este sentido aseguró que la Ley de Seguridad Ciudadana
viene a aclarar “qué significa devolución, qué significaba
rechazo en fronter, al fin de cuentas estamos hablando de
entradas en un territorio soberano y por tanto eso está
sometido a normas, como pasa en todo el mundo”.
El ministro dejó claro que “saltar la valla es ilegal”, como
viene ocurriendo en las ciudades españolas del Norte de
África por grupos numerosos de subsaharianos, y por ello ha
recalcado que debe clarificarse qué función deben tener
policías y guardias civiles cuando se producen este tipo de
avalanchas.
Así admitió que “tenemos una singularidad en nuestra
frontera sur de Europa y por tanto es muy importante tener
claros los procedimientos y las reglas para que los conozcan
todos: los ciudadanos que quieren acceder con normalidad y
dentro de la legalidad al territorio nacional, y las fuerzas
de seguridad, que están para velar por el Estado de Derecho
y los derechos todos: de los nacionales y de las personas
que quieran acceder a España”.
Para Catalá, “nuestra obligación es que haya normas claras,
transparentes y conocidas por todos, porque seguramente uno
de los peores servicios que podamos hacer al funcionamiento
de nuestro Estado de Derecho, es que los que trabajan por
defender las libertades de todos, los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , haya alguna zona
de sombra que pueda generarles incluso alguno tipo de
proceso judicial”. “Exigiendo unas responsabilidades para
quien estoy convencido que no hace otra cosa que trabajar
por el interés de todos y de los ciudadanos”.
Por otro lado, Rafael Catalá, iniciendo en el texto legal,
dijo que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
pretender garantizar los derechos de los ciudadanos. “En
España tenemos un sistema de libertad y de derechos
garantizado, un sistema que establece todos los requisitos
para el derecho a la manifestación, el derecho a la
expresión por supuesto y la libre circulación, pero todo
ello sometido a controles”.
En cuanto a las reformas que se pretenden emprender en la
Ley del Menor y que afectarían a las singularidades de Ceuta
y Melilla como ciudades fronterizas con Marruecos, Rafael
Catalá dijo que “tanto el delegado del Gobierno en Melilla
como la fiscal y el juez decano, le han informado de la
problemática que hay aquí en Melilla en particular, tanto en
los juzgados como en las fiscalías del menor”.
“Me llevo ideas y reflexiones sobre la conveniencia de
mejorar el marco normativo que nos ayuden, en este caso a
que los fiscales puedan hacer mejor su trabajo”, dijo.
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Seguridad Ciudadana
