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El contencioso que mantiene, por su cese, la secretaria
judicial sustituta que prestaba sus servicios en la UPAD del
Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta sigue generando la
polémica.
El cese de esta funcionaria sustituta se produjo en el mes
de abril del pasado año y en unas declaraciones escritas a
este periódico ya manifestó que a raíz de su “ cese como
secretaria judicial sustituta denuncié a la secretaria de
Gobierno, Josefa Vilar y al gerente don Francisco Cano, al
entender que los hechos que tuvieron lugar con ocasión del
referido cese pudieron ser constitutivos de delitos de
coacciones, puesto que se me obligó a hacer algo a lo que no
estaba obligada por ley, y ello por quien era mi superiora
jerárquica, bajo amenaza de provocar mi cese si no residía
en Ceuta, como de hecho sucedió; y de prevaricación, al
entender que mi cese se realizó a sabiendas de su
injusticia, y sin justificación legal o fáctica alguna”.
Dicha denuncia, dio lugar a la apertura de unas diligencias
previas que se tramitan en el Juzgado Mixto número 4 de la
ciudad, y ello, por entender la jueza de Instrucción, como
así indicó en el Auto de apertura de las mismas, que
efectivamente los hechos denunciados pudieran ser
constitutivos de los delitos de coacciones y prevaricación.
Pues la novedad en este caso, según la información obtenida
por este periódico, es que la Secretaria de Gobierno, Josefa
Vilar Mendienta, y el Gerente Territorial, Francisco Cano
Pérez, declararán como imputados en el Juzgado de
Instrucción 4 de la ciudad tal y como consta en las
respectivas resoluciones judiciales.
En principio, las declaraciones como imputados de estas dos
personas estaba prevista para el martes, día 10 de marzo,
notificando el Juzgado “a mi representación procesal la
fecha un día antes, es decir, el día 9”, dice la secretaria
cesada
Ante esta circunstancia, explica la informante, “hemos
pedido la suspensión, puesto que el tener conocimiento con
tan poca antelación de un acto de tal envergadura, este
supone una clara merma en el derecho que tengo a la defensa
de mis intereses en el procedimiento”.
La secretaria alega además que la declaración prevista para
el día de ayer se ha suspendido porque la abogada de la
defensa lo solicitó al tener juicio penal para la misma
fecha. Se ha acordado nueva citación para el próximo día 17
de marzo.
La secretaria judicial cesada se quejó fechas atrás de que
la primera medida que se ha acordado por la Juez de
Instrucción, antes incluso que la toma de declaración a los
denunciados, ha sido que se me investigue a mí, la
denunciante”.
En ese sentido, la informante agregó que de las
declaraciones realizadas por escrito, la secretaria explica
que “la abogacía del Estado, defensa de los denunciados
solicitó que se investigara por la Guardia Civil todos los
trayectos que hice de Ceuta a Algeciras y viceversa,
horarios, compañías… durante el tiempo en que trabajé en
Ceuta”, algo a lo que “me opuse, básicamente por ser dicha
medida vulneradora de mi derecho a la intimidad, por no
estar motivada por la defensa y porque había otras medidas
probatorias de mi diligencia en el servicio como podía ser
la prueba testifical de los jueces titulares de los tres
Juzgados en que había prestado servicio como Secretaria
Judicial, y que propusimos en forma a su señoría. A pesar de
ello, e ignorando todo ello, la Juez de Instrucción acordó
que se me investigara, y ello sin una mínima justificación”.
La resolución judicial, prosiguió en sus manifestaciones,
que acuerda dicha medida “se halla en trámite de recurso,
pero la investigación ya está realizada, mi nombre, mis
acciones, han sido investigadas por la Guardia Civil.
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