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El viernes pasado, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente publicó la resolución del 25
de febrero de 2015 en la que dio instrucciones que obligan a
que se acredite, mediante informe de los servicios sociales
públicos o de trabajadores sociales, que una persona es
pobre. Estos informes serían condición necesaria para
beneficiarse del reparto de ayudas que realizan las ONG a
través de los bancos de alimentos, que en Ceuta benefician a
casi 7.000 personas. Según el gobierno estatal estos nuevos
requisitos son condición que impone el Reglamento de la UE
sobre el Fondo de Ayuda Europea para las personas más
desfavorecidas. Pero este reglamento, señalan desde la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) para
nada exige que se tenga que recoger, como si lo hace la
resolución, “el número de inmigrantes, participantes de
origen extranjero o si pertenecen a minorías (incluidas las
comunidades marginadas, como la de los romaníes)”, o el
informe de los servicios sociales para acceder a estas
ayudas. Solo dice que los gobiernos “aplicaran los criterios
objetivos que hayan sido fijados por las autoridades
nacionales competentes en consulta con las partes
interesadas pertinentes.”
Hasta ahora solo era necesario que constara si eran personas
sin hogar, edad, sexo y si tenían alguna discapacidad, y
presentar un certificado de empadronamiento y de no recibir
ayuda o renta alguna, y esos datos eran lo que recogían las
organizaciones y esa documentación la que pedían. “Las
nuevas demandas de datos y requisitos son cosa de nuestro
gobierno”, advierten y critican que lo que se pretende es
“sembrar la xenofobia” cuando aparezcan estadísticas en las
que se diferencia entre nacionales y extranjeros que reciben
ayudas.
“Las ayudas de las distintas ONG en materia alimentaria son
vitales para la subsistencia de estas familias”, alertan
para añadir: “La saturación y la falta de medios en que se
encuentran los servicios sociales de los ayuntamientos están
provocando de por sí una falta de atención a las necesidades
de las familias que recurren a ellos, dándose el caso de las
largas listas de esperas de viviendas para personas en
riesgo de pobreza y exclusión social que nunca llegan, por
no hablar de la falta de sensibilidad de muchos gobiernos
municipales para tratar estos asuntos”. Así, desde APDHA
temen Por que la avalancha de personas solicitando este
informe, con el consiguiente estudio y burocracia que esto
acarrearía, “será inviable para unos servicios sociales ya
de por sí saturados, y por lo tanto privaría a estas
familias de esta ayuda diaria tan necesaria”.
“Estos problemas, más la falta de información para saber a
dónde acudir, el problema de muchas personas para acceder a
los servicios sociales de los ayuntamientos, hará que este
‘censo de pobres’ que pretende hacer este gobierno lo único
que produzca sea la desaparición de estos recursos vitales
para las familias”, alertan.
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