No cabe sorpresa alguna decir que nuestro
alcalde-presidente, Juan Vivas, optó claramente, desde el
primer día de su mandato, por un modelo de Administración
autonómica local desfuncionarizado.
Nuestra administración local está sufriendo por un lado, un
deterioro progresivo por la falta de personal funcionario
que padece; mientras que por otro lado, y aunque parezca
increíble, los empleados públicos tienen que soportar la
mala opinión que incompetentes políticos vierten a menudo
sobre ellos, con el ánimo de desacreditarlos manchando su
imagen de forma malévola.
La actual plantilla ha sufrido amortizaciones de puestos de
trabajo y además viene padeciendo una sustitución
sistemática de empleo estructural por una transferencia de
puestos de trabajo proveniente de los Planes de Empleo y
Colaboración Social. En la mayoría de los casos, todo ello
por menos de la mitad del salario de un empleado público y a
pesar de que estos trabajadores están realizando idénticas
tareas. Es evidente que esta situación no garantiza una
plantilla que pueda responder a los retos de una
administración ágil, moderna y suficiente, capaz de ofrecer
unos servicios públicos de calidad.
No plantear una oferta pública de empleo es no creer en lo
público. No cubrir las necesidades que existen en la
administración local priva a los ciudadanos de obtener un
empleo de mayor calidad. Entonces, ¿cuál es la verdadera
razón?, ¿económica?, ¿qué sentido tiene esta práctica?, ¿qué
propósito tiene este modelo, propio del fruto de una charla
en la barra de bar?, ¿simplemente electoralista?
Conviene tener en cuenta que este tipo de contratos de
planes de empleo y colaboración social no necesita oferta
pública, ni publicidad, ni méritos, ni capacidad; tan solo
la elaboración de un traje para algunos y la connivencia de
otro servicio público que se preste a ello con facilidad. Ni
así se combate el desempleo, ni así se gestiona una
administración pública.
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