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El juzgado de Instrucción número 2 ya ha comenzado a
investigar la denuncia de Invercap contra el Gobierno al
completo y su presidente, Juan Vivas, por presuntos delitos
de prevaricación continuada, estafa y de amenazas contra el
patrimonio de la promotora por la expropiación de Pasaje
Fernández. El primer paso ha sido llamar a declarar al
representante de Invercap, que ayer acudió al juzgado
acompañado por sus abogados, del despacho Bermor Abogados,
para ratificar la denuncia.
En este interrogatorio, llevado a cabo por el juez y un
representante de Fiscalía, se le preguntó el representante
de la promotora que explicara de forma más amplia los
conceptos que se plasman en la denuncia. Además, según ha
podido conocer EL PUEBLO, se le solicitaron los nombres de
las personas con las que se negoció primero los términos de
la expropiación de parte de Pasaje Fernández y más tarde el
de aquellas personas que participaron en las reuniones en
las que se intentó llegar a un acuerdo y que la causa no
acabara en los juzgados. Nombres que podrían incluirse en la
lista de personas que llamará el juez para continuar
investigando la causa.
Delitos
Este interrogatorio se ha producido menos de un mes después
de que Invercap presentara en Fiscalía una denuncia contra
Juan Vivas y todos los miembros de su gobierno. En la
denuncia interpuesta por la empresa se califican los hechos
como presuntamente constitutivos de un delito continuado de
prevaricación tanto en su modalidad activa como omisiva, de
un delito de estafa y de un delito de amenazas contra el
patrimonio de la empresa al haberse incluso manifestado
públicamente por representantes del Gobierno, su intención
de desistir del expediente expropiatorio por razones
presupuestarias. Algo que el Gobierno reiteró tres días
después de presentarse la denuncia. El portavoz del
Ejecutivo, anunció el pasado 6 de febrero que el Consejo de
Gobierno había aprobado el desistimiento en la expropiación
de los restos arqueológicos aparecidos en la promoción de
viviendas privadas de Pasaje Fernández. Después de que no se
materializara el acuerdo primigenio de expropiar parte del
terreno por 1,4 millones, la Ciudad calculó que el coste
ahora sería de 8,5 millones. “Y esta Administración no tiene
el debe de soportar un gasto muy superior al inicialmente
previsto porque el propietario no haya cumplido con la
entrega del bien”, explicó en ese momento Carreira. Y es
que, la Ciudad apoya su postura en que la promotora debería
haber construido primero el complejo para poder expropiar
después el subsuelo donde se encontraban los restos
arqueológicos que, por otro lado, fueron declarados de
interés público.
Utilidad pública
El letrado de Invercap, Ulises Bértolo, ya apuntó en la
denuncia a una presunta ilegalidad del desistimiento de una
expropiación simplemente por motivos presupuestarios cuando
existe declaración de utilidad pública. De las consecuencias
derivadas de esta actuación presuntamente irregular fueron
advertidos por la empresa reiteradamente los miembros del
Gobierno de Ceuta con carácter previo a la interposición de
la denuncia.
Tras la declaración de ayer, se espera que el juez siga
llamando a testigos o incluso imputados para aclarar lo
ocurrido con la expropiación de los restos arqueológicos
encontrados en la parcela de Pasaje Fernández.
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