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De haber acudido al rescate y haber cedido a las presiones
que recibió el Gobierno, posiblemente el desplome del PIB en
2012 hubiera sido superior al 4%, es decir, que España
hubiera tenido que soportar una pérdida de riqueza de más de
40.000 millones de euros profundizando en el pozo de la
recesión. Gracias a la firmeza del Gobierno y al tesón de
todos los españoles, la economía española inició en el
segundo semestre de 2013 una senda sólida de recuperación
que le ha permitido corregir buena parte de los
desequilibrios macroeconómicos dentro de un proceso de
consolidación fiscal y reformas estructurales. En dos años,
se ha conseguido un ajuste del déficit del conjunto de las
administraciones públicas de 2,6 puntos de PIB, lo que
supone casi una reducción de casi el 30% del déficit
heredado en 2011.
En contraste con lo sucedido en España, el rescate ha
supuesto para los países intervenidos su inmediata expulsión
del sistema financiero. Al contrario que ellos, España no ha
perdido nunca su margen de maniobra a la hora de decidir la
duración y la intensidad del proceso de consolidación
fiscal. Con la expulsión del sistema financiero, hubiera
resultado poner en marcha los diferentes mecanismos
extraordinarios de liquidez (FLA, proveedores…) para las
comunidades autónomas y entidades locales.
Es altamente probable que España tuviese que haber soportado
un incremento superior del IVA (Grecia y Portugal tuvieron
que situar el tipo impositivo del IVA en el 23%).
Una rebaja de impuestos como la que hemos conocido a partir
de este mes de enero no hubiera sido posible si España
estuviera sometida a un programa de rescate, entre otras
razones porque las exigencias de la senda de consolidación
presupuestaria habrían sido mucho mayores que las que han
emanado de Bruselas para los países más endeudados de la
zona euro.
Frente a estas alternativas, el Gobierno siempre apostó por
mantener la autonomía de la política económica, lo que ha
servido para que los mercados y los inversores
internacionales recuperen la confianza en España y para
ordenar de forma racional un programa de reformas que ha
afectado a todos los sectores de la economía y ha favorecido
un saneamiento fiscal diferenciado incentivador del
crecimiento, el restablecimiento de las condiciones normales
de préstamo a la economía, el fomento de la competitividad,
la lucha contra el desempleo y la modernización de las
administraciones públicas.
Mientras que en España no ha menguado el poder adquisitivo
de las pensiones durante los años más duros de la crisis,
los pensionistas griegos han conocido recortes de hasta el
20%, los de Irlanda del 4% en el caso de los empleados
públicos y los de Portugal la congelación de sus ingresos,
una medida, esta última, que en el caso español solo se dio
durante el Gobierno del PSOE.
España ha mantenido durante la última recesión las
prestaciones sociales, algo que ha beneficiado especialmente
a las capas de población con menores ingresos. La secuencia
de lo que hemos conocido contrasta con las realidades de los
países rescatados, donde uno de cada cinco griegos ha
encontrado dificultades para acceder a productos básicos; de
Irlanda, donde entre 2009 y 2012 las personas en riesgo de
pobreza aumentaron casi en un 15%; o de Portugal, donde la
población en riesgo de pobreza alcanzaría casi el 47% si
solo se computaran los ingresos obtenidos por el trabajo,
sin contar las ayudas sociales.
Sanidad y educación han podido ser, gracias a que se evitó
el rescate, dos áreas prioritarias para el Gobierno en los
presupuestos de los últimos años. Si España hubiera sido
intervenida, probablemente se hubiera visto obligada a
sufrir recortes que en Grecia han superado el 33% en la
segunda de estas partidas y han terminado dejando al 30% de
la población sin acceso a la sanidad pública, costes que
también han asumido en diferentes medidas los irlandeses,
los portugueses y los chipriotas.
Pese a que la función pública es uno de los sectores que ha
soportado el peso de las políticas de austeridad, entre
otras razones porque el Gobierno aplazó la paga extra de
diciembre de 2012 de los funcionarios y ha limitado el
crecimiento de las plantillas, las administraciones públicas
se han librado de las experiencias conocidas en Grecia,
Irlanda, Portugal o Chipre. En el primero de estos países,
sus funcionarios han visto reducidos sus ingresos mediante
una fuerte rebaja de la paga extra y una bajada media de su
sueldo del 12%. En Portugal, estas reducciones de sueldo han
llegado a alcanzar en algunos casos hasta el 60%.
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OPINIÓN
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COMUNICADO
