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En repetidas ocasiones he
manifestado públicamente mi indignación por la introducción
en el debate político de temas considerados muy delicados.
En esta ocasión, centraré mi reflexión de hoy en el debate
iniciado por Caballas como consecuencia de la elección del
procedimiento de urgencia para el suministro de material
esencial, chalecos antibalas, para la protección de la
integridad física de los miembros de la Policía Local de
Ceuta, agentes que tienen encomendada, entre otras muchas
labores, velar por la seguridad de todos y todas las
ceutíes, sin exclusión alguna. Por cierto, un procedimiento
de urgencia contemplado en la Ley de Contratos del Sector
Público.
Es momento de plantearse cuales son los motivos reales que
han llevado a los dirigentes localistas a olvidar los
terribles atentados del pasado mes de enero en París y
Copenhague, las detenciones en nuestra ciudad de presuntos
terroristas yihadistas, viajes a Siria e Irak, inmolaciones
de ceutíes en tierras lejanas así como, nuestra cercanía a
una localidad considerada como el principal foco de
captación yihadista en el norte de Marruecos. También
deberíamos plantearnos cuales son los motivos reales que han
llevado a los portavoces de Caballas a obviar una de las
primeras medidas que deben adoptar los responsables
políticos y policiales cuando la alerta terrorista alcanza
el nivel 3, un punto por debajo del máximo existente, dotar
a los agentes de más y mejores medios.
Es cierto, algunas de las unidades de la Policía Local
disponen de chalecos antibalas, pero también es cierto, que
dicho material no alcanza a la totalidad de unidades que
actualmente integran este cuerpo policial. Por tanto, no
puede existir debate alguno respecto a la necesidad de dotar
de estos elementos protectores a la totalidad de policías de
nuestra ciudad. De la misma forma, que no puede existir
debate alguno respecto a la modalidad contractual elegida
siendo conscientes de las circunstancias excepcionales
actualmente existentes respecto a los peligros inminentes
del terrorismo yihadista. En definitiva, la responsabilidad
debe prevalecer en la acción política y sindical, no todo
está permitido, y mucho menos, cuando esta puede afectar a
la seguridad de las personas. Insensatez política o
deslealtad sindical, tanto monta, monta tanto.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
