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La investigación judicial de la tragedia de Tarajal daba un
vuelco importante a mediados del pasado mes de febrero,
después de que la responsable del juzgado de instrucción
número 6 de Ceuta decidiera llamar a declarar en calidad de
imputados, por primera vez, a 16 guardias civiles por el
fallecimiento de 15 inmigrantes que trataban de alcanzar a
nado esa playa ceutí el 6 de febrero de 2014.
Esta semana precisamente será una de las más importantes
para estos 16 guardia civiles, entre los que se encuentran
un capitán, un teniente, un sargento y el resto son agentes
que estaban en el espigón, ya que mañana comienzan sus
declaraciones en la sede judicial.
En el auto, la jueza alude al Artículo 118 de la ley de
enjuiciamiento criminal, es decir, entiende que hay indicios
de algún tipo de responsabilidad de los agentes como
presuntos responsables de los hechos ocurridos.
La acusación particular había pedido la imputación por
homicidios, agresiones y expulsiones ilegales de los
inmigrantes a Marruecos.
La titular del juzgado ceutí, desde mañana y hasta el
próximo día 11 de marzo, llamará a declarar a los 16 guardia
civiles de 4 en 4. Además, a través de una nota de prensa
difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
hace aproximadamente 20 días, se resaltaba que “la jueza va
a investigar si las actuaciones de estos guardias civiles, y
el uso que hicieron de pelotas, pudieron influir en la
muerte de los 5 inmigrantes encontrados en las costas
españolas. La instrucción de los hechos tendrá que
determinar si los agentes pudieran ser responsables de un
presunto delito de homicidio imprudente”. Además dicho
comunicado aclaraba que no se han decidido aun actuaciones
sobre los cuerpos aparecidos en Marruecos “la instrucción
sobre el resto de cadáveres encontrados está a la espera de
recibir los datos solicitados a Maruecos por comisión
rogatoria; la juez ha pedido que le digan el número de
hombres muertos encontrados por estos hechos en aguas
marroquíes y el resultado de las autopsias realizadas a los
cadáveres” señala el comunicado.
A este respecto, desde diferentes asociaciones y
organizaciones sindicales de la Guardia Civil se ha
insistido durante este tiempo en destacar que las autopsias,
realizadas por el Instituto de Medicina Legal y dadas a
conocer posteriormente por el Ministerio de Interior,
demostraron la evidencia forense que prueba que ninguno de
ellos murió por la acción de la Guardia Civil, sobre cuyos
agentes, de momento sólo imputados, puede llegar a pesar una
acusación de homicidio imprudente. A pesar de que los hechos
se desarrollaron y las muertes se produjeron en aguas
marroquíes, varias ONGs lideradas por la Asociación
Proderechos Humanos, denunciaron la actuación de la Guardia
Civil en la playa del Tarajal, en base a las imágenes
segadas y descontextualizadas que se difundieron.
Estas organizaciones tras mostrar sus respeto a las acciones
judiciales, también reiteran “su apoyo incondicional a los
compañeros que desempeñan su función en zonas de alto riesgo
y especial sensibilidad cumpliendo los protocolos de
actuación en el perímetro fronterizo y las órdenes de
servicio, empleando los medios técnicos y materiales
facilitados por el Gobierno de la Nación”
A este respecto, el delegado del Gobierno en Ceuta,
Francisco Antonio González Pérez, también ha sido y es uno
de los defensores de la actuación de los agentes ese día en
el perímetro fronterizo, manifestando en varias ocasiones
ante los medios de comunicación que “lo que no pueden
pretender las ONG es subvertir la realidad” y ha insistido
en que los inmigrantes murieron, entre otras cosas, “por la
angustia de intentar pasar. Entre ellos mismos, como así se
vio, se impidieron nadar. Y se pasaron, incluso, algunos por
encima de otros”.
Pese a ello, la imputación de los 16 guardias civiles es una
realidad. Y no ha llegado en un momento cualquiera.
Marruecos desmantelaba hace unas semanas los campamentos de
inmigrantes cercanos a la verja. Pero, además, el PP
aprobaba recientemente en el Congreso la legalización de las
denominadas devoluciones en caliente. Una práctica que
provocó la imputación del máximo mando de la Guardia Civil
de Melilla; y que consideran ilegales las ONG, el Defensor
del Pueblo, el Consejo de Europa y un nutrido grupo de
juristas: todos ellos aseguran que estos retornos violan el
derecho de asilo. Opinión que rechaza tajantemente el
delegado del Gobierno, que insiste en que el cambio
normativo lo preserva.
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