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El caso del cese de una secretaria judicial sustituta en
Ceuta sigue generando la polémica. Ayer y a través de un
escrito, la cesada declaró a este periódico que “a raíz de
mi cese como secretaria judicial sustituta, como ya saben,
denuncié a la secretaria de Gobierno, Josefa Vilar y al
gerente don Francisco Cano, al entender que los hechos que
tuvieron lugar con ocasión del referido cese pudieron ser
constitutivos de delitos de coacciones, puesto que se me
obligó a hacer algo a lo que no estaba obligada por ley, y
ello por quien era mi superiora jerárquica, bajo amenaza de
provocar mi cese si no residía en Ceuta, como de hecho
sucedió; y de prevaricación, al entender que mi cese se
realizó a sabiendas de su injusticia, y sin justificación
legal o fáctica alguna”.
En sus manifestaciones, alega que “dicha denuncia, dio lugar
a la apertura de unas diligencias previas que se tramitan en
el Juzgado Mixto número 4 de la ciudad, y ello, por entender
la Juez de Instrucción, como así indicó en el Auto de
apertura de las mismas, que efectivamente los hechos
denunciados pudieran ser constitutivos de los delitos de
coacciones y prevaricación”
La secretaria judicial cesada añade que “al día de hoy, no
sólo sigo a la espera de que se tome declaración judicial a
la Secretaria de Gobierno y al Gerente, sino que, y ahí es
donde está el dato que entiendo merecedor de ser conocido
por la opinión pública, la primera medida que se ha acordado
por la Juez de Instrucción, antes incluso que la toma de
declaración a los denunciados, ha sido que se me investigue
a mí, la denunciante”.
De las declaraciones realizadas por escrito, la secretaria
explica que “la abogacía del Estado, defensa de los
denunciados solicitó que se investigara por la Guardia Civil
todos los trayectos que hice de Ceuta a Algeciras y
viceversa, horarios, compañías… durante el tiempo en que
trabajé en Ceuta”.
A lo anterior, “yo me opuse, básicamente por ser dicha
medida vulneradora de mi derecho a la intimidad, por no
estar motivada por la defensa y porque había otras medidas
probatorias de mi diligencia en el servicio como podía ser
la prueba testifical de los jueces titulares de los tres
Juzgados en que había prestado servicio como Secretaria
Judicial, y que propusimos en forma a su señoría. A pesar de
ello, e ignorando todo ello, la Juez de Instrucción acordó
que se me investigara, y ello sin una mínima justificación”.
Resolución judicial
La resolución judicial, prosigue en sus manifestaciones, que
acuerda dicha medida “se halla en trámite de recurso, pero
la investigación ya está realizada, mi nombre, mis acciones,
han sido objeto de investigación por la Guardia Civil, sin
que hasta la fecha, se haya acordado medida de investigación
alguna acerca de si hubo o no coacciones y/o prevaricación,
que fue lo que yo denuncié”.
Para la secretaria judicial cesada, “no deja de ser
insólito, dejando calificaciones jurídicas para otro
momento, el hecho de que la única medida de investigación
que se ha acordado en unas diligencias abiertas a raíz de
una denuncia a altos cargos de la Administración, haya sido
a la denunciante, en vez de a los denunciados, y sobre los
hechos que denuncié y que pueden ser constitutivos de
delitos, y ello según el propio Auto del Juzgado por el que
se admitió mi denuncia”.
Símil aberrante
“Se me ocurre el aberrante símil de una mujer que al
denunciar una agresión sexual, se encuentre con el hecho de
que, en vez de tomar declaración al presunto agresor, el
Juzgado decida investigar si ella llegaba tarde a casa o
llevaba una falta muy corta…”
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