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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera “muy
dudosa” la disposición adicional que introdujo el Congreso
al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para legalizar las
devoluciones en caliente y espera que la tramitación en el
Senado conlleve una modificación “aceptable” del texto
Las devoluciones sumarias de inmigrantes irregulares y los
abusos registrados en algunas actuaciones policiales en la
frontera con Marruecos centran el capítulo dedicado a
inmigración en el informe anual del Defensor del Pueblo, que
ayer fue presentado por la titular de esa institución.
En el documento, desde la institución se reflejan las quejas
que ha recibido por “la devolución expeditiva de inmigrantes
sin respetar la legislación en materia de extranjería ni los
convenios internacionales ratificados por España”.
La oficina que dirige Soledad Becerril muestra su
“preocupación” por estas actuaciones “que impiden
identificar y proteger a personas especialmente vulnerables,
como pueden ser menores, solicitantes de protección
internacional, víctimas de trata, etcétera”.
El informe añade que tras el estudio de algunas quejas
relacionadas con las dificultades de asistencia letrada de
los extranjeros detenidos en los procedimientos de ejecución
de las órdenes de expulsión del territorio nacional, se ha
comprobado que “existe un número significativo de casos en
los que las circunstancias de la persona afectada, en el
momento de la ejecución de la resolución, son distintas de
las que llevaron a dictar una resolución de expulsión en su
momento”.
“Este cambio de circunstancias (nacimiento de hijos,
relación de pareja con ciudadano español, etc.) debería ser
tenido en cuenta, con el fin de establecer unas garantías
que permitan la tutela judicial efectiva de estos ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos para
evitar que pueda producirse indefensión”, indica.
Sucesos del 6-F
El informe recoge algunos de los sucesos que ocurrieron el
año pasado como consecuencia del intento de entrada
irregular de inmigrantes por zonas fronterizas, tanto por
tierra, a través de los perímetros fronterizos de las
ciudades de Ceuta y Melilla, como por mar.
En el informe, correspondiente al año 2914, se hace
referencia a los hechos ocurridos en el espigón del Tarajal,
que se saldó con el fallecimiento de varias personas,
mientras intentaban acceder irregularmente a territorio
nacional. Se inició de oficio una actuación y se recibieron
posteriormente escritos de varios ciudadanos y
organizaciones no gubernamentales, mostrando su
disconformidad con la actuación de los agentes de la Guardia
Civil en estos hechos y solicitando la intervención del
Defensor del Pueblo.
En el documento se explica que se iniciaron actuaciones con
la Delegación del Gobierno, que fueron suspendidas al tener
conocimiento de que los hechos a los que se refería la
actuación habían sido sometidos a los tribunales.
La institución ha solicitado a la Fiscalía General del
Estado que le mantenga informada del curso del
procedimiento. En el momento de elaboración del presente
informe la instrucción del mismo continúa abierta.
También pidió explicaciones a la Secretaría de Estado de
Seguridad acerca de la utilización por agentes de la Guardia
Civil de un extintor con el que se roció a un ciudadano
extranjero durante un intento de salto a la valla de
Melilla.
En este sentido, en el informe del Defensor se recuerda el
deber legal de las fuerzas policiales “de ajustar su
actuación a los principios básicos que establece el artículo
5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, y especialmente a impedir, en el
ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica
abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia
física o moral, así como a actuar rigiéndose por los
principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en
la utilización de los medios a su alcance”.
Sobre las concertinas de las vallas fronterizas, el Defensor
recuerda que ha formulado recomendaciones al ministro del
Interior, que no han sido aceptadas, para que la quite y la
sustituya por un mecanismo no cortante que dificulte el
salto de las vallas.
De los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI),
el informe valora “de forma positiva” la actuación de la
Dirección General de Integración de los Inmigrantes en el
centro de Melilla, al agilizar el traslado de los
solicitantes de protección internacional, tanto de grupos
familiares como de personas solas.
Sin embargo, reafirma su “preocupación por la sobreocupación
del centro” y la situación de hacinamiento de los residentes
en las distintas dependencias habilitadas como dormitorios,
la inadecuación de los módulos destinados inicialmente a
familias, la necesidad de reanudar los servicios de
guardería sin más demora, así como la inadecuación de los
espacios del nuevo edificio destinados a dormitorios, que no
reúnen los requisitos necesarios para esta función.
Un importante número de las quejas recibidas se refieren, al
igual que en años anteriores, a las demoras en la resolución
de las solicitudes de protección internacional.
Las actuaciones seguidas para conocer las causas de tales
demoras pusieron de manifiesto que, en algunos supuestos,
las solicitudes presentadas por personas de determinadas
nacionalidades son paralizadas a la espera de que mejore la
situación del país.
“En muchos casos, las solicitudes se han demorado hasta tres
años. Tal decisión se ha producido con los demandantes de
Costa de Marfil y con los ciudadanos de Mali”, denuncia el
Defensor.
El informe refiere la existencia de problemas en la acogida
de los solicitantes, dado que la tendencia del incremento de
solicitudes de protección iniciada en el año 2013 ha
continuado en el año 2014, en gran parte de ciudadanos
sirios.
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