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Caballas y los miembros del
Ejecutivo ceutí mantienen desde el pasado martes un debate
que se antoja preocupante y que, por cuestión de seguridad,
no debería ni tan siquiera haber surgido, ya que hay asuntos
que deben discutirse en otros foros, o al menos habría que
intentarlo. Es obvio que si uno no quiere, dos no discuten
Nadie discute que Caballas, en su labor de oposición, está
en su perfecto derecho de denunciar los incumplimientos de
la legislación vigente, ya sea en asuntos de contratación
como en cualquier otro. Fiscalizar el trabajo que realiza el
Gobierno es su obligación. En las últimas fechas se habla
mucho en Ceuta de transparencia, pero en este caso más que
de esta cuestión lo que se debería hablar es de seguridad
pero jurídica.
El asunto de la compra de los chalecos antibalas es de suma
importancia no sólo para los agentes de la Policía Local,
sino para todos los ciudadanos, que necesitan notar la
sensación de vivir en ciudad que es segura.
El Gobierno no debería permitir que sucedan cosas como estas
y los argumentos esgrimidos ayer en su defensa emanan un
tufillo a respuesta hecha a la ligera para salir del paso.
Es cierto que Interior subió el nivel tras el atentado de
París, al igual que lo es que días después la Policía
Nacional detuvo a cuatro yihadistas en la ciudad. Pero es
que se da la casualidad que Ceuta se han llevado a cabo
varias operaciones contra el yihadismo con anterioridad, con
lo que es entendible, si se utiliza para la emergencia una
amenaza para los agentes, antes también la habría. Pero lo
peor es que el jefe de la Policía Local ya había pedido los
chalecos para sus hombres, reconociendo en marzo de 2014 que
existía una situación de inseguridad en algunas barriadas
ceutíes, lo que supone, dijo, un grave riesgo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
