política - JUEVES, 26 DE FEBRERO DE 2015

CEUTA
Antonio García
ceuta@elpueblodeceuta.com

Tras denunciar el pasado martes la adjudicación “a dedo” para la compra de noventa chalecos antibalas para la Policía Local, los reponsables de esta formación política han querido aclarar que “Caballas no está en contra de que se dote de chalecos antibalas a la Policía Local”, como algunos populares han comentado, dijo Mohamed Alí, portavoz del partido.

Lo que Caballas ha venido a denunciar ha sido el incumplimiento de la Ley por parte del Gobierno a la hora de hacer la compra, anulando, a su juicio, un procedimiento que estaba en marcha y firmando para ello el presidente de la Ciudad un decreto de emergencia por el que se realizó la compra, tachando el procedimiento utilizado como “una irregularidad, que está tomando tintes de ilegalidad”, manifestó Alí.

El portavoz acusó al Gobierno de omitir datos a la hora de mostrar a la opinión pública una situación de precariedad, en cuanto al material se refiere, de la Policía Local, puesto que en el año 2011 “ya se adquiriendo 72 chalecos antibalas”, a los que había sumar con los que ya contaba el Cuerpo. “Por lo tanto la Policía Local no está desprovista de chalecos...”.

Pero para la formación política, lo grave no es “saltarse un procedimiento ya iniciado con siete licitadores presentado ofertas y luego anularlo”, sino que Alí desveló la existencia de un informe realizado por el Superintendente del Cuerpo, Angel Gómez, fechado en marzo de 2014, en el que se decía “que era urgente la compra de chalecos antibalas para la Policía Local”, argumentando para ello la “situación actual de inseguridad que se sufre...”.

La petición de Angel Gómez no fue contestada por la consejera de Gobernación hasta septiembre de ese mismo año, por lo que desde Caballas se preguntaron “qué entiende ese Gobierno por urgencia y cual es su concepto de peligrosidad”.

Pero de ese procedimiento se desiste después de que un informe de Intervención dijera que “no existía consignación presupuestaria” para atender el contrato de compra. Ante ello, Alí agregó que con estos datos, “la emergencia no está justificada en los términos que exige la Ley y es claro que se ha conculcado el interés general”.

Acusó al Gobierno de adjudicar el contrato “a una empresa amiga, ya que tan siquiera había licitado al concurso”.

Caballas ha consultado con una de las empresas que han concurrido a la licitación, respondiéndole el gerente de la misma que “disponía de los chalecos y que si se le hubiese advertido que era por proceso de emergencia, el material hubiese estado de un día para otro en Ceuta”.

La firma del decreto de emergencia por parte de Vivas “roza la prevaricación”, dijo Alí.

El representante de Caballas ratificó lo anunciado el martes, que es remitir toda la documentación del expediente al Tribunal de Ceuta, “aunque barajamos seriamente la posibilidad de presentarlo en la Fiscalía”, decisión, que en supuesto de tomarse. También anunció que la Intervención se opondrá al gasto a la hora de su fiscalización y que, además, los chalecos aún no están.

Juan Luis Aróstegui, por su parte, criticó la costumbre del PP de descalificar de forma permanente a su partido cada vez que se habla de seguridad. “algo que me produce una profunda irritación”, calificando hipócrita la actitud del Gobierno. “El presidente sale diciendo que en Ceuta no hay problemas”, y es el mismo que alerta de una situación de emergencia, dijo.
 

El Gobierno lamenta que los localistas usen este tipo de asuntos con fines electoralistas

Ante las manifestaciones realizadas por la coalición Caballas en relación al procedimiento de compra de chalecos antibalas para la Policía Local, el Gobierno de la Ciudad remitió ayer un comunicado de prensa en la que facilita su versión sobre la mencionada compra.

Así, la Ciudad inició el pasado 1 de diciembre de 2014 el expediente para la compra de 75 chalecos antibalas con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de los agentes de la Policía Local. En diciembre y enero continuó la tramitación administrativa del expediente y el día 30 de este último mes la licitación se publicó en el BOCCE. El lunes siguiente el superintendente de la Policía Local emitió un informe para suspender el concurso y el 3 de febrero la consejera de Gobernación remitió un escrito en este sentido a Contratación. El expediente fue anulado el día 9 de febrero.

La nota explica que en el momento en el que se produjo la anulación del concurso ninguna empresa había presentado su oferta. No obstante, esta resolución no se anunció en la página web de Contratación hasta el día 19 y fue en ese intervalo cuando acudieron a la licitación varias empresas, y más concretamente el día en el que terminaba el plazo para la presentación de las ofertas del concurso convocado, aunque ya estaba anulado.

Al haberse suspendido el concurso, se agrega en la nota de prensa. el Gobierno alega que desconoce el contenido de las ofertas que se realizaron, por lo que no puede ni confirmar ni desmentir esa supuesta oferta de 300 euros a la que alude la coalición. No obstante, lo que sí conoce esta Administración es el precio de las ofertas que se efectuaron en un concurso similar resuelto en noviembre de 2011 para la compra de 72 chalecos. Esa licitación fue ganada por la empresa Texyon, que fue la que efectuó la menor oferta: 595 euros por unidad para un suministro de carácter ordinario. A este concurso se presentó una empresa de Ceuta que realizó, obviamente, una oferta superior, y que se volvió a presentar a esta última licitación.

Chalecos a medida

En cualquier caso, llamaría la atención la cuantía de esa supuesta oferta teniendo en cuenta las características del suministro, debido al nivel de protección del chaleco, el plazo de garantía (10 años) y, sobre todo, al hecho de que el chaleco debe estar hecho a medida de cada agente. También sería de extrañar a juzgar por las contrataciones que están efectuando otras administraciones como la del Ayuntamiento de Madrid, que en julio de 2014 inició una operación de compra entre eses año y los dos siguientes de 1.150 chalecos antibalas de uso externo y 150 de uso interno por valor de 888.140 euros, lo que arrojaría una media por unidad de 683,18 euros.

En relación a los motivos por los que la Administración paralizó el concurso, la decisión se basa fundamentalmente en el objetivo de acortar los plazos de suministro, teniendo en cuenta que a raíz del atentado de París del pasado 7 de enero el Ministerio del Interior elevó la alerta antiterrorista al nivel 3 y que el 24 de ese mismo mes el Cuerpo Nacional de Policía detuvo en Ceuta a cuatro yihadistas. De hecho, la Consejería de Presidencia, Gobernación y Empleo ha recibido por escrito desde la Policía Local alguna solicitud a título individual demandando un chaleco antibalas.

El uso del procedimiento de emergencia la Administración consigue acortar el momento del suministro en un plazo que rondaría los tres meses, además de haber elevado en 15 unidades el contrato de suministro con el fin de dotar a un mayor número de agentes.

Otras administraciones

El uso del procedimiento de emergencia para la compra de este material ha sido utilizado por otras administraciones, empezando por el Gobierno de España, con acuerdos del Consejo de Ministros, y terminando por casos recientes como el Ayuntamiento de Valencia.

Para la contratación por emergencia de este suministro, la Ciudad ha tomado como referencia el concurso de 2011, tanto en lo que se refiere al precio de la unidad, como al suministrador. Es, por tanto, la empresa que realizó la oferta económica más baja hace tres años a la que ha contratado la Ciudad en esta ocasión.

Por último, el Gobierno lamenta que la protección y la seguridad de los agentes de la Policía Local no se escape de la contienda electoral y sea utilizado para intentar obtener un rédito político. Este Gobierno no dudará nunca en anteponer la primera cuestión a la segunda, y esto es lo único que le ha movido a la hora de anular el concurso e iniciar el procedimiento de contratación por emergencia.