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La Coalición Caballas anunció ayer, a través de un
comunicado, su intención de poner en conocimiento del
Tribunal de Cuentas los expedientes de contratación de la
Ciudad Autónoma relacionados con la adquisición de chalecos
antibalas para la Policía Local por 650 euros cada unidad.
El partido ha denunciado que después de que el Gobierno de
Ceuta que preside Juan Vivas haya anulado el concurso
público inicial, en el que se ofertó un precio de 300 euros
la unidad, se ha promovido su adquisición “a dedo” por la
vía de emergencia duplicando su coste (650 euros cada uno).
La Ciudad Autónoma, recuerdan los localistas, inició en
noviembre de 2014 un expediente para la compra de 75
chalecos “para protección de agentes de la UPAC, Tráfico y
otras unidades” cuyos efectivos carecían de ellos. El 30 de
enero el concurso se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Ceuta (BOCCE) con un presupuesto de 45.000 euros
para su adjudicación por procedimiento abierto y con el
precio como criterio único. El plazo de presentación de
ofertas era de 16 días naturales y el de ejecución, de dos
meses.
Ofertas desechadas
Varias empresas locales y nacionales, según desvelan desde
Caballas, concurrieron al proceso presentando ofertas que,
según ha podido conocer el grupo político, ascendían en
algunos casos a 300 euros por unidad. Sin embargo, mediados
de febrero, tal y como ratificaba ayer el BOCCE con la
publicación del correspondiente anuncio, el Ejecutivo de
Vivas decidió suspender el concurso y, alegando que existía
un “grave peligro” para los agentes, promover otro por vía
de emergencia “con otra empresa local como única propuesta
de adjudicación por un presupuesto de 58.500 euros”.
Ante esta situación, Caballas considera que el Gobierno del
PP “está utilizando un subterfugio legal para sacar esta
compra de los principios de publicidad y concurrencia que
deben regir la contratación pública” y así lo trasladan
desde el partido en el comunicado. Los técnicos consultados,
según cuentan los localistas, opinan que los argumentos
usados por el Ejecutivo local “no respetan los límites para
la contratación por emergencia” establecidos por la Ley de
Contrato del Sector Público que exigen “una actuación
administrativa inmediata absolutamente necesaria para evitar
o remediar en lo posible las consecuencias del suceso en
cuestión”.
“A la vista de la escasa o nula atención que presta el
Gobierno de Vivas a los dictámenes de Contratación, que
previsiblemente también visará con disconformidad esta
operación, pondremos este caso en manos del Tribunal de
Cuentas”, advierten desde Caballas. Además, el partido
también destaca que el Tribunal de Cuentas “ya ha demostrado
su efectividad en temas como las obra en la Jefatura de la
Policía Local, por las que permanecen imputados los ex
consejero de Gobernación y Fomento José Antonio Rodríguez y
Juan Manuel Doncel y el ex director general de Obras,
Francisco Navas”.
Desde el Gobierno, Yolanda Bel en calidad de portavoz
accidental, explicó el pasado 13 de febrero que se habían
contratado, por vía de emergencia, 90 chalecos antibalas y
que el proceso para adquirir 75, que iba por la vía
ordinaria, quedaría paralizado. La emergencia, señaló Bel,
se justifica por el nivel 3 de la alerta terrorista que se
activó tras los atentados en Francia el pasado 7 de enero.
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