Llegan tarde. Recientemente hemos visto al Partido Popular
revolotear como moscas al festejar por todo lo alto la Ley
de Protección a la Infancia y a la Adolescencia aprobada el
viernes en el Consejo de Ministros. El hecho de que hayan
puesto el interés superior del menor en primer lugar, hace
que discrepe de la veracidad de esa información. Si
realmente hubiera prevalecido esa prioridad, tendrían que
haber sacado la Ley en el mismo momento que llegaron al
poder, no al término de la legislatura, sobre todo teniendo
en cuenta que la Ministra del jaguar vendió esta materia
como una de sus banderas. Pero han transcurrido más de tres
años, desde que entraron en la Moncloa, y no sólo no han
llevado a cabo esta Ley, sino que ahora la infancia y la
adolescencia está en su estado más crítico: 13.000 millones
menos en sanidad en la legislatura; la sustancial
eliminación de la educación infantil 0-3 años, el incremento
de tasas universitarias y la reducción de becas; más de
2.000 millones recortados cada año a los servicios sociales;
la reducción de casi 10.000 millones en políticas de empleo
que llevan a condiciones de precariedad; y, especialmente,
la situación de los 2.700.000 menores que viven bajo el
umbral de la pobreza. Situación límite. Por tanto, ¿de qué
hablan?. Efectivamente, todo lo del Partido Popular son
“buenas intenciones” y “malas acciones”. O más bien, fraude
electoral.
Pero es que en mayo de 2013, el Pleno del Congreso de los
Diputados debatió una Proposición de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista en el que instaba al Gobierno
la actualización de la legislación de protección de la
infancia, pero esta iniciativa resultó rechazada por los
votos del Grupo Popular, con el argumento de que iban a
cursar en los próximos meses un Proyecto de Ley bajo ese
mismo paraguas. Así que ni aprobaron nuestra propuesta, ni
adelantaron la suya, todo se quedó en agua de borrajas.
Y ahora, después de dejar claro el tiempo disipado por el
“digo y no hago” vamos a la materia en cuestión.
Que el Partido Popular en Ceuta comunique su regodeo por la
reciente medida, no me hace más que esclarecer el grado de
insensatez que alcanza. Es triste que coronen la mesura en
Madrid, y luego no sean capaces aquí de hacer un mínimo de
intenciones y aprobar un Plan de Atención Integral a la
Infancia y a la Adolescencia, más si cabe cuando lo llevan
hasta en su propio programa electoral. ¡Hasta en dos
ocasiones hemos intentado hacerle ver al Gobierno la
importancia de la coordinación para la protección social,
económica y jurídica de esta población, trabajando en la
consecución del desarrollo integral en aspectos
fundamentales como el ocio, la familia, la escuela, la
sociedad. Sin éxito.
Dicen que por primera vez se va a reconocer al menor como
víctima de la violencia de género, falso. Ya venía recogido
en la Ley Integral. Lo que no viene recogido es el cúmulo de
una serie de beneficios como la exención de tasas académicas
para menores víctima de violencia de género, las ayudas al
estudio, un sistema específico de atención pedagógica y
educativa, la exención del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, o los mecanismo que aseguren la pensión de
orfandad, que seguirán sin recogerse porque el Partido
Popular también votó en contra. Aquí es curioso como venden
la protección, y luego no limitan las visitas, la custodia o
la comunicación con el maltratador. O como lanzan al vacío
de la inseguridad a las jóvenes por su Ley del aborto. La
contradicción en su máximo apogeo.
Dicen que protegerán el acceso de los menores y las menores
más vulnerables y su acceso en igualdad de condiciones a los
servicios sociales, pero luego sacan una reforma de la
Administración Local que hace inaccesible los servicios.
¿Sabe el Partido Popular que la protección a la infancia
debe contar con servicios y recursos que la haga inmune, de
lo contrario estaremos construyendo solamente castillos
sobre el aíre? No, no lo sabe. Y cuando hablamos de la
infancia, nuestra vergüenza deben ser mayor.
* Secretaría de Educación, Participación, Cultura e Igualdad
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