El partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC)
ha denunciado que tiene nuevamente constanciade la
incapacidad gubernamental por tramitar y dar solvencia de
manera óptima a las necesidades de ayuda y colaboración que
la ciudadanía más vulnerable requiere y que acude a los
Servicios Sociales en busca del constitucional respaldo
gubernamental.
En nota de prensa, afirma que “hemos sido conocedores de que
las tramitaciones y resoluciones en prestaciones tan
relevantes como las referentes al programa de ayudas de
alquiler “ Alojamiento Alternativo” y el “Ingreso Mínimo de
Inserción Social” (IMIS) que se gestionan por la Consejería
de Asuntos Sociales de la ciudad, están, no sólo demorándose
considerablemente en el proceso de la obtención de las
ayudas, con todo lo que eso conlleva y repercute para
quienes por necesidad acuden, sino que lo peor e inmoral de
esta ejecución y acción política del desgobierno de Vivas es
la de que un elevado número de expedientes se encuentran
paralizados desde noviembre del año pasado”, acentuado por
los nuevos casos que acuden por la simple ineptitud de los
políticos que nos gobiernan.
Este estancamiento y caos que promueve el desgobierno, está
originando que se vulneren los derechos y la dignidad de las
miles de familias en riesgo o situación de exclusión social,
que “seguimos creyendo que casi la mitad de nuestra
población lo está y que carecen o no disponen de los
ingresos suficientes para subsistir dignamente y acuden a
los Servicios Sociales para lograr respuestas y soluciones
con las que satisfacer necesidades tan básicas y
necesarias”, como el poder comer o pagar el arrendamiento de
un alojamiento; familias que como respuesta sólo encuentran
lamentablemente la vil desprotección y desamparo de una
gestión gubernamental ineficiente e incapaz de abordar la
realidad.
Desde el MDyC no entienden que la portavoz del Grupo
Parlamentario en la defensa de los Presupuestos de 2.014
afirmará con total rotundidad: “la prioridad del Gobierno
del presidente Vivas va a seguir siendo la lucha contra la
pobreza y la exclusión social”. Yolanda Bel, que en aquellos
lejanos meses de diciembre de 2.013 parece que todavía no
había realizado el curso acelerado de estadística, entendía
que hace apenas un año sí existía esa pobreza y exclusión
social, pero ahora las muestras no son las correctas.
Es injustificable e inmoral que un desgobierno prefiera
cecenar derechos y vulnerar a quien más apoyo y protección
necesita. Es inviable que una consejería de Bienestar y
Asuntos Sociales paralice resoluciones técnicas de los
expedientes llevados a las comisiones de ambos programas por
un problema de descontrol y de inacción.
El MDyC quiere mostrar de nuevo su rotundo rechazo a la
política restrictiva, marginadora y desigual que el
desgobierno predica y ejecuta con alevosía a pesar de la
patente y fácilmente verificable situación de pobreza y
exclusión social por la que atraviesan cerca de la mitad de
la población ceutí. Así como mostrar el apoyo incondicional
a la ciudadanía y el esfuerzo, compromiso y trabajo diario
que los y las trabajadores de los Servicios Sociales
desempeñan para solventar las necesidades sociales de
quienes acuden a sus dependencias.
Manifiestan también abiertamente que el hecho de que los
expedientes estén paralizados y amontonados desde hace meses
demuestra la falta de sensibilidad y apatía de la que parece
disfrutar el desgobierno ceutí, pues su ineptitud en la
gestión repercute directamente en las miles de familias
desfavorecidas y vulnerables. Además de que es totalmente
alarmante el ritmo vertiginoso del colectivo que acude a las
respectivas Unidades de Trabajo Social y a la Consejería en
busca de apoyo. Nos parece ilógico y desatinado que este
desgobierno no sea consciente de que miles de familias no
puedan hacer ni una compra básica con la que alimentar a sus
hijos y se ven expuestos además a la angustia de perder el
hogar en el que residen por no poder pagar el alquiler del
que por su situación son beneficiarios.
MDYC va a reivindicar y a trabajar como formación
sociopolítica por unos servicios sociales y una gestión
eficiente y coherente en el que se primen los derechos, la
ayuda y cooperación de la ciudadanía ceutí.
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