|
No al copago confiscatorio. Este es el lema bajo el cual el
Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) ha lanzado una campaña de firmas para
apoyar la Iniciativa Legislativa Popular con la que quiere
modificar la Ley de Dependencia para hacerla más accesible a
quien la necesite, pero también para facilitar que las
personas dependientes puedan costear los servicios de
atención. Una lucha a la que también se ha sumado el CERMI
de Ceuta con su presidenta, María Luisa Villadén, a la
cabeza.
El objetivo es conseguir, al menos, 500.000 firmas que
avalen la iniciativa y presentarlas en el Congreso de los
Diputados el próximo 31 de julio. Para lograrlo, desde el
CERMI de Ceuta sacarán un stand a la calle donde informarán
de la iniciativa y pedirán su apoyo a los ciudadanos.
Villadén explicó ayer, en rueda de prensa, que mañana
estarán en el Paseo del Revellín, junto al edificio
Trujillo, entre las nueve y las dos de la tarde. Además,
saldrán al menos una vez al mes para seguir recogiendo
firmas a pie de calle. La presidenta del CERMI confía en que
los ceutíes apoyen esta medida que beneficiará a todos los
dependientes.
La propuesta de modificación, que nace después de que las
propuestas que ha hecho el CERMI al Gobierno en distintas
ocasiones no hayan tenido respuesta, busca una rebaja en el
precio de los servicios de atención como los centros de día,
las residencias, o la atención domiciliaria. “Desde el año
2009 al 2013 lo que tienen que abonar las personas con
dependencia por los servicios de atención se ha incrementado
hasta el 68% en algunos casos”, expuso ayer la presidenta
del CERMI en Ceuta para alertar de que esto ha provocado que
muchas personas con dependencia se hayan visto abocados a
dejar de recibir unos servicios porque no pueden pagarlos.
Ante esta situación, desde el CERMI proponen que se amplíen
los criterios para otorgar la dependencia, que se exima de
pagar los servicios de atención a aquellas personas con
ingresos inferiores a 1.331 euros, que como mucho se tenga
que aportar el 60% del servicio y que se garantice a las
personas dependientes que dispongan de, al menos, el 40% de
sus ingresos después de pagar los servicios de atención a la
dependencia.
|
asociacion
