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Los presidente de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla se reunieron ayer para valorar
todo lo logrado y alcanzado durante estos últimos catorce
años y los avances que todavía se pueden lograr. Pero este
encuentro estuvo marcado por la reciente imputación
realizada por la juez del juzgado de Instrucción nº 6 de
Ceuta a un total de 16 guardia civiles por la muerte de
quince inmgrantes cuando intentaban llegar a Ceuta desde
Marruecos por la playa del Tarajal.
En esta cuestión, todos los partidos coincidieron en
defender a la Guardia Civil y a los agentes imputados, pero
mientras el PP no fue más allá y se mostró confiado en que
los agentes finalmente no serán condenados, tal y como así
también lo hizo el ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, el resto de partidos como PSOE y UPyD fueron más allá
y lamentaron que siempre la cuerda se rompa por el mismo
sitio, en este caso por la parte más débil (los funcionarios
o agentes de la Guardia Civil). PSOE y UPyD consideran que
los principales responsables políticos de la Guardia Civil,
deberían asumir sus responsabilidades y ser ellos los que
deberían sentarse en el banquillo y dar explicaciones sobre
lo que ocurrió aquel 6-F de 2014, argumentando que los
agentes tan sólo cumplen órdenes. Ciertamente es necesario
esclarecer que fue lo que pasó aquella trágica madrugada, y
realizar juicios de valor de lo ocurrido o lanzarse
acusaciones solo hace oscurecer aún más y entorpecer lo que
es un proceso judicial que por lo delicado del asunto
debería estar estéril y no infectado por todas estas
manifestaciones que desde hace un año se vienen escuchando.
Hay que dejar trabajar a la justicia y que la misma
dictamine, con los testimonios y las pruebas existentes lo
ocurrido en la madrugada del 6-F en las inmediaciones del
Tarajal.
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OPINIÓN / EDITORIAL
