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La noticia de que la Ciudad Autónoma pondrá a trabajar a sus
servicios jurídicos para buscar “una solución rápida” con la
que lograr que los vecinos de Huerta Téllez puedan ocupar
sus casas ha sido recibida con esperanza por parte de los
afectados, que llevan más de ocho años esperando acceder a
sus viviendas. La promesa del Gobierno se produjo el jueves
a instancias de una propuesta que Caballas llevó al pleno
por vía de urgencia para que se atienda a las alrededor de
cien familias afectadas por esta construcción cuya promotora
quebró y que se quedó estancada. Los primeros problemas se
dieron en 2009 cuando Dolmen, que construía las viviendas,
paralizó la urbanización por problemas económicos.
Desde entonces los vecinos han recorrido un periplo en el
que se han encontrado todas las puertas cerradas y ninguna
respuesta. Y es que, no les han dado la posibilidad de
desbloquear la situación para acceder a sus casas, pero
tampoco de recuperar el dinero invertido en ellas. La última
esperanza estaba en que el Sareb, que se hizo cargo de la
urbanización por la quiebra de Dolmen, transfiriera el
dinero necesario para acabar la promoción. Pero las
gestiones realizadas por la consejera de Fomento, Susana
Román, no han dado su fruto, ya que se esperaba un encuentro
entre las partes que todavía no se ha producido.
Ahora, los afectados se muestran satisfechos por el apoyo
jurídico que les brinda la Ciudad. Algo que ellos ya
solicitaron tras la reunión que mantuvieron el 10 de enero a
los pies de la promoción. “No queremos que la Ciudad pida la
llave para que entren los vecinos, pero si nos aportan ayuda
en el sentido de mediar con el equipo jurídico para ver si
tenemos que denunciar, a través de Emvicesa, tenemos
esperanza de que se halle una solución”, manifestaba ayer
uno de los afectados. Y es que, recordaba, de no contar con
este apoyo ellos tendrían que haber creado una plataforma, y
contratar un abogado, lo que “hubiera alargado mucho más el
proceso” y supuesto un coste adicional a los vecinos, que no
tienen cómo afrontarlo. De todos modos, los afectados han
convocado una reunión para esta tarde, para ver qué harán si
en el plazo de dos semanas no se pone una solución
satisfactoria sobre la mesa.
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