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Para corregir la deriva de la recesión y empezar a remontar
la crisis en nuestro país, ha sido necesario practicar una
política basada en la austeridad en la gestión de las
cuentas públicas y en un proceso continuo de reformas
estructurales.
Sin duda alguna, una de esas reformas importantes que ha
tenido que acometer nuestra nación es la reforma fiscal. Ha
sido necesario emprender varias acciones en el ámbito de la
fiscalidad para equilibrar la economía de nuestro país, una
economía que había quedado mermada por el despilfarro y el
mal hacer del gobierno anterior.
Pese a que la bonanza de un país deriva, en su mayor medida,
de las buenas decisiones que en materia fiscal tomen
gobiernos responsables y consecuentes con la realidad
social, también es cierto, que no se puede dejar a un lado
la labor del ciudadano y de las empresas, a quienes se les
exige un plus de confianza para salir hacia delante
restableciendo la situación económica. La reforma fiscal que
ha llevado a cabo nuestro gobierno tiene como máxima
finalidad establecer, por un lado, que España vuelva a
recuperar la credibilidad y, por otro, plasmar una serie de
criterios sólidos que permitan a nuestro país fortalecer su
crecimiento económico y la creación de empleo.
Además, la reforma fiscal tiene como intención, sentar las
bases para guiar la salida de la crisis a través de un
“crecimiento económico sano”, sin desequilibrios, que
permita, a través de la misma, la creación de empleo. Por
tanto, estamos hablando de una reforma que en sí se
constituye como un acto de “justicia social”, porque
devuelve a los ciudadanos parte del esfuerzo que han tenido
que realizar para salir de la crisis.
No en vano, desde las primeras semanas de enero, con el
cobro de las primeras nóminas, se empezó a notar el efecto
de la rebaja fiscal poniéndose a disposición de los
contribuyentes, de Renta y Sociedades, renta disponible
adicional por importe de 9.000 millones de euros en dos
años, además de introducirse nuevas ayudas a través del
impuesto sobre la renta, para familias numerosas y para
familias con personas con discapacidad a su cargo.
La rebaja media del impuesto sobre la renta es de 12,5%,
pero, las rentas inferiores a 24.000 euros, que se
corresponden con el 72% del total, tendrán una reducción del
23,5%. Además, 1,6 millones de contribuyentes de renta
dejaran de tributar, de ellos, 750.000 con unos ingresos
inferiores a 12.000 euros, y también los mileuristas, que
cobraron en enero el sueldo íntegro, sin retenciones.
La reforma fiscal que plasma el gobierno, también trae
ventajas fiscales para los autónomos, ya que la rebaja en
sus retenciones es inmediata y de mayor calado, lo que
anticipa para ellos la mejora salarial que supone la rebaja
del impuesto. En el año 2014 el tipo de interés del autónomo
con rentas inferiores a 15.000 euros anuales se redujo del
21% al 15%. Y, para los demás casos, en 2015, se reducirá de
un 21% a un 19%, y, en 2016, hasta un 18%.
Además, esta nueva reforma fiscal seguirá apostando por las
empresas de nueva creación, que gozarán de un sistema de
protección fiscal, con un tipo de gravamen reducido del 15%
que viene avalado por la aplicación de la Ley de
Emprendedores.
La reforma del impuesto sobre la renta producirá una mejora
salarial considerable, ya que al pagar menos de IRPF, las
nóminas se incrementarán y los ciudadanos dispondrán de más
dinero en sus bolsillos. También, esta mejora se traduce en
más poder adquisitivo que estimulará el consumo de manera
que nuestra economía va a seguir creciendo, creando puestos
de trabajo y generando ingresos tributarios para sostener
nuestro Estado de Bienestar.
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OPINIÓN
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COLABORACION
