La empresa promotora del complejo de viviendas de Pasaje
Fernández, Invercap, ha denunciado ante Fiscalía a todo el
Gobierno, con el presidente Juan Vivas a la cabeza, por un
presunto delito continuado de prevaricación, otro de estafa
y otro de amenaza contra el patrimonio de Invercap. La
empresa, tras varios intentos fallidos de negociación con la
Ciudad Autónoma para que se ejecutara la expropiación de
parte del solar de Pasaje Fernández, decidió ayer poner en
conocimiento de Fiscalía los hechos para que “se depuren
posibles responsabilidades”. Según informaban a EL PUEBLO
desde el bufete de abogados que lleva el caso, Bermor
Abogados, Invercap ha procedido a poner los hechos en
conocimiento de la Fiscalía a fin de que se depuren las
eventuales responsabilidades penales por “los
comportamientos presuntamente irregulares de los
responsables del Gobierno de la Ciudad en el expediente
expropiatorio y de responsabilidad patrimonial incoados como
consecuencia de los hallazgos arqueológicos en el solar de
Pasaje Fernández”.
Según el letrado Ulises Bértolo, encargado de la defensa de
la empresa, presuntamente se habría incurrido por parte de
los miembros del Gobierno de Ceuta en el incumplimiento de
normas imperativas, “con desviación de poder”, que ha
imposibilitado que la empresa fuera, después de más de tres
años desde el inicio del expediente expropiatorio, resarcida
por la vinculación singular de parte de su parcela al
interés general de todos los ceutíes. Una situación que se
ha dado pese a que Invercap tuvo que renunciar a parte de la
edificabilidad del solar, con frustración de una gran parte
de los contratos de compraventa ya formalizados, y afrontar
por orden del Gobierno ceutí una serie de obras de
preservación de los restos por “un elevadísimo importe”.
Todo ello, unido a la deriva que ha tomado el expediente, ha
llevado a la empresa a sufrir “una situación que la ha
abocado en la actualidad prácticamente a la quiebra y al
desprestigio de su marca”, denuncia el letrado de Invercap.
En la denuncia, interpuesta ayer por la mañana por la
empresa ante la Fiscalía de Ceuta, se califican los hechos
como presuntamente constitutivos de un delito continuado de
prevaricación tanto en su modalidad activa como omisiva, de
un delito de estafa y de un delito de amenazas contra el
patrimonio de la empresa. Este último se produce, según
alega el letrado de Invercap, al haberse incluso manifestado
públicamente por representantes del Gobierno de Ceuta,
después de haber generado perjuicios económicos a la empresa
y después de tres años de tramitación, su intención de
desistir del expediente expropiatorio por razones
presupuestarias, es decir por no haber previsto partida
presupuestaria alguna para esta expropiación desde un
principio y desconociendo por tanto el hecho de que se había
declarado la utilidad pública del hallazgo.
Intentos de negociación
Ante esto, el letrado puntualiza la presunta ilegalidad del
desistimiento de una expropiación simplemente por motivos
presupuestarios cuando existe declaración de utilidad
pública. Además, Bértolo destaca que de las consecuencias
derivadas de esta actuación “presuntamente irregular” fueron
advertidos por la empresa reiteradamente los miembros del
Gobierno de Ceuta con carácter previo a la interposición de
la denuncia. Sin embargo, de nada han servido los intentos
de negociación con la Ciudad para llegar a un acuerdo y
zanjar por la vía administrativa esta cuestión. Ahora serán
los juzgados los que tendrán que depurar responsabilidades.
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Delito de prevaricación continuado
La defensa de la promotora
Invercap entiende, y así lo refleja, que se han cometido
diversas irregularidades en el expediente expropiación de
Pasaje Fernández que integran el tipo delictivo de
prevaricación, “al tratarse de una serie de resoluciones
manifiestamente arbitrarias dictadas en un asunto
administrativo”.
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Amenaza de daños contra el patrimonio
La defensa alega que desde el
Gobierno se amenazó a Invercap con desistir de expropiar
Pasaje Fernández a pesar de que se declararon de interés
público los restos hallados en la parcela. Además, recuerdan
que a día de hoy ni se ha impulsado ni resuelto el
expediente, más de tres años después de que se iniciara.
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