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Que un político llame a otro “mentiroso”, “corrupto”,
“sinvergüenza”, etc., ya resulta “normal” a los oídos de los
ciudadanos. Un lenguaje que podría sonrojar a políticos y
ciudadanos del norte de Europa, nada acostumbrados a
palabras tan duras, muy alejadas de su universo
político-social e ideario ciudadano.
La espiral en la que se mueven los políticos no sólo tiende
a acomodarse en un lenguaje sucio y nada beneficioso para la
sociedad a la que se deben, sino que también han construido
mecanismos para protegerse de quienes puedan resultarles
ofensivos, ya no sólo entre ellos, sino que también puedan
servirles para protegerse de aquellos ciudadanos de a pie
que puedan mostrar descontento mediante críticas escritas o
verbales o bien mediante otros medios que sus recursos
puedan permitirles. Han construido “dictaduras” y han
establecido “tribunales”, con suficiente capacidad para
castigar y perdonar. Dentro de ese universo han establecido
un orden, y todo aquel que no lo acepte sólo tiene como
opción el alejarse o permanecer bajo la amenaza del castigo
o de no ser favorecido con nada.
La permanencia en el poder produce “olvido consciente”,
sobre todo a la hora de pensar que están al servicio de los
ciudadanos y que por su cargo quedan expuestos a la crítica
y a la fiscalización permanente. Derecho inalienable de
todos los ciudadanos. Pero ese es un pensamiento incómodo,
un elemento “ofensivo”. Contra eso únicamente construyen
puentes de castigo, no conocen más camino que la
penalización del contrario. Se constituyen como auténticos
carceleros. Es la mentalidad, esa que sólo busca hacer reos,
y que nunca establece o favorece espacios de participación.
Y esto no es sólo a nivel local y provincial, sino también a
nivel nacional, cuya política no es otra que reforzar el
código penal, es decir, más castigo. De ahí que España tenga
una de las poblaciones penitenciarias más altas de Europa.
Prima el castigo. Tanto como que cualquier cosa que no suene
bien a sus oídos es respondida con aquello de: “lo pasaremos
a servicios jurídicos”. No les cuesta nada.
En aquellos países con mayor nivel de atención social
resulta difícil oír hablar de “ayuda”, una palabra que
trasladada al ámbito de la dignidad de las personas puede
resultar ofensiva; sin embargo, en Ceuta es muy común a la
hora de referirse a la necesidad de atender personas con
dificultades. Casi es mejor hablar de atención social, y no
de ayuda social, pues todo ciudadano tiene derecho a ser
atendido conforme a su dignidad como persona y como miembro
de la sociedad a la que pertenece. Subyace en esa política
social una endémica y ruin forma de trasladar la idea de la
“ayuda”, como si la misma fuera una gracia del político de
turno, estableciendo de este modo la pirámide “benefactor” –
“indigente”.
Ver y aceptar que aún hoy día existan barrios como el
Príncipe, por no citar otros con perfil parecido. Ver y
aceptar que en todos estos años no se hayan establecido
estructuras económicas para abandonar el cordón umbilical de
los préstamos de los bancos. Ver y aceptar que se siguen
tomando decisiones sin atender el dolor que puedan producir
en la sensibilidad de los ciudadanos. Ver y aceptar que no
exista la menor intención en ofrecer cuentas a los
ciudadanos sobre los gastos de políticos y funcionarios en
sus viajes de representación y tantas otras cosas, hacen de
esta ciudad un enclave único. Una ciudad como ninguna. Una
ciudad que merece posicionarse como la más necesitada en
cuanto al modelo de gestión que propugna C´s: los políticos
y los funcionarios se deben a los ciudadanos.
Bastará a cualquier turista una simple mirada a la frontera
para comprender que lo que Ceuta vende en Fitur es irreal.
Le bastará también leer periódicos y ver programas de
televisión para entender que ese stand galáctico esconde
vicios ocultos. ¿Cómo puede ofrecerse una ciudad al mundo
con ese bagaje de violencia, de lucha por la vida, con datos
sobre educación que sobrecogen a cualquiera y con datos
sobre paro y falta de porvenir que atormentarían a las almas
más frías? Los turistas conocen bien sus destinos, y a más
alto nivel cultural, mayor prospección del destino y mayor
exigencia. No decimos no a Fitur, pero entendemos que la
participación y orientación debe ser otra, y bien distinta.
Vemos también que ya se premia a nuestros jóvenes para que
se vayan fuera, incluso con importes y condiciones que
sonrojan. Habría que ver cuánto gasta un político en sus
viajes frente a lo que pretenden darles a los jóvenes por
irse.
Es empezar y no terminar. Desde C´s queremos trasladar
nuestro convencimiento de que las cosas pueden hacerse
mejor, atendiendo en todo momento el interés general, el
interés de los ciudadanos.
Habría que crear un gabinete de Garantías Ciudadanas, para
que los ciudadanos también puedan decir aquello de: “lo
pasaremos a servicios jurídicos”. Es lo justo
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OPINIÓN
/
COLABORACION
