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Los sindicatos con representación en el área del Servicio
Público de Empleo Estatal han denunciado que el mismo
arrastra “graves problemas”. El más patente, según las
centrales sindicales, es la profunda falta de plantilla. Una
organización inadecuada, unos medios técnicos y
patrimoniales caducos y el abandono del Ministerio de Empleo
agravan la situación. El servicio a la ciudadanía por parte
del SEPE está en grave riesgo. El Programa de Activación
para el Empleo aflora e intensifica todos los déficit y
desborda la gestión del organismo. La falta de soluciones
obliga a toda la representación de la plantilla a iniciar un
proceso de movilizaciones cuyo desarrollo arrancará de forma
inmediata.
Así pues, CCOO, UGT, CSI-F, USO, CIG y ELA, han denunciado
que la situación en el Servicio Público de Empleo Estatal se
está deteriorando hasta un punto muy peligroso. Su capacidad
para dar respuesta a los requerimientos de la población
desempleada se encuentra al límite y si no se pone solución
fracasará en las próximas semanas.
Las razones son obvias. En primer lugar, el número de
trabajadores y trabajadoras no ha dejado de reducirse en
estos últimos cinco años, entre el 2009 y el 2014, son 669
los efectivos que se han perdido. El intento de atajar esta
sangría a través de personal interino o temporal no ha
servido para superar la situación a pesar de haberse
alcanzado en el SEPE una tasa de precariedad en el empleo
del 25% del conjunto de la plantilla, la más alta, con
diferencia, de toda la Administración General del Estado.
En la actualidad, de las 772 Oficinas de atención al público
nominales que tiene el organismo, en ese número se incluyen
las de atención telefónica, 200 de ellas, un 26% de la red,
carecen de la plantilla mínima suficiente para garantizar el
servicio diario. En otras 158, el 20,5%, el volumen de
personal interino supera la mitad de los efectivos de dichas
unidades, llegándose al absurdo de tener una veintena de
Oficinas cubiertas exclusivamente por funcionarios interinos
o personal temporal.
Los datos demuestra la tremenda debilidad de estructura de
un servicio que debe asumir más de 25 millones de consultas
ciudadanas presenciales, gestionar del orden de 11 millones
de solicitudes de prestación por desempleo y administrar
30.000 millones de Euros de presupuesto.
Pero el problema es más profundo, no solo es de número de
efectivos, también está en las características técnicas que
debieran tener los mismos. La complejidad de la tarea a
realizar es innegable, conlleva el manejo de una parte
importante del presupuesto de este país así como de las
garantías jurídicas que debieran cuidarse al tratarse de un
derecho básico y fundamental para la población que en algún
momento sufre la situación de desempleo. Pues bien, una
función estrictamente técnica, reservada a cuerpos y escalas
del funcionariado específicamente cualificados, está siendo
asumida por imposición del Ministerio, por personal Auxiliar
y Administrativo al carecer el organismo de esa plantilla
especializada. De los 6.232 puestos en la red de Oficinas,
tan solo 694, un 11%, cumple con dicha condición. La presión
de la dirección para dar salida a la gestión encomendada al
SEPE lleva a decisiones disparatadas en donde, utilizando un
simil hospitalario, la persona responsable del trabajo en
quirófano y de hacer el seguimiento del tratamiento
postoperatorio se le endosa a quien ostenta la categoría de
Auxiliar de Clínica.
A pesar de todo ello, la oferta de empleo de la
Administración Central se ha olvidado del SEPE. Ni el
Ministerio de Empleo ni el de Hacienda y Administraciones
Públicas han tenido al organismo en cuenta. No ha existido
reposición del personal que ha ido abandonando SEPE por
diferentes razones y los efectos acumulados de este tipo de
decisiones han minado la capacidad de funcionamiento del
mismo.
Otros factores han colaborado en esta descapitalización de
personal en el Servicio Público de Empleo Estatal, las
elevadas cargas de trabajo que recaen sobre cada uno de los
trabajadores y trabajadoras, cada efectivo responde a una
media de 5.300 atenciones ciudadanas anuales; un nivel de
estrés en muchos casos insoportable ante la desmedida
responsabilidad de gestionar una prestación económica de
carácter fundamental en unos márgenes de tiempo ridículos,
se dedican como máximo 15 minutos para determinar el destino
de fondos que, de media, suponen, en cada uno de los
expedientes aprobados, 12.000 Euros; y un nivel de
compensación tremendamente injusto desde el momento en el
que cualquier trabajador/a del SEPE tiene unas percepciones
económicas que son un 23% inferiores al de otros ámbitos
administrativos del propio Ministerio de Empleo y Seguridad
Social que realizan una tarea similar aunque, eso sí, con
unas condiciones de trabajo sensiblemente más razonables y
humanas.
El resultado de todo ello es una fuga permanente de personal
y una decadencia del organismo que cada año se hace más
patente ante la falta de soluciones que sean capaces de dar
respuesta a este grupo de despropósitos.
Desde el punto de vista patrimonial, el organismo es un
desastre. Con excepción de las de Ceuta y Melilla, ni una
sola de las Oficinas del SEPE es propiedad del Organismo.
Los acuerdos de transferencias de competencias que en su día
se concretaron, dejaron al Organismo completamente desnudo.
El SEPE tiene en esta parcela un esquema demencial, las más
de 700 oficinas de atención presencial viven empotradas en
locales de las Comunidades Autónomas, la Dirección General
del Organismo carece de la más mínima capacidad de gobernar
este aspecto, no puede efectuar ninguna inversión en dichas
unidades al no ser de su propiedad y el resultado de todo
ello es que en la actualidad la inmensa mayoría de las
Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal presentan
unas carencias impropias de unas unidades que atienden a
semejante volumen de ciudadanía.
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