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La declaraciones del secretario
general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, acusando
de darle locales públicos a ‘El Faro’ para “tenerlo a su
servicio” son de extrema gravedad, no solo por sus
consecuencias legales, sino porque nunca como ahora se había
dado una percepción tan altamente extendida de desafección
política y de desánimo provocada por la reiteración de
episodios de corrupción. No hay duda que la ética pública
pasa por el peor momento en democracia. Los escándalos de
corrupción no sólo están adquiriendo una gran relevancia
mediática, sino que están contribuyendo a erosionar la
credibilidad del sistema político y, en general, de la res
pública. La mayoría de episodios conocidos constituyen
fenómenos insidiosos que suponen expolio del patrimonio
público: se basan en el ofrecimiento y la recepción de
sobornos a cambio de contraprestaciones; en el despilfarro y
la mala asignación de fondos y gastos públicos; en el
tráfico de influencias; y otras transgresiones graves.
Pero resulta tan dañino para la imagen de los partidos y de
las instituciones estos hechos como su aparente impunidad,
por lo que el Gobierno de la Ciudad debe dar una respuesta
clara y contundente ante la pólemica cesión a la empresa
editora del diario ‘El Faro’ de dos plantas del inmueble
público de la calle González de la Vega para, en principio,
poner en marcha un Museo de la Prensa, y que finalmente se
quiere destinar al traslado allí de su redacción.
Es tal el cúmulo de irregularidades que el Gobierno haría
bien en recuperar ambos inmuebles de forma inmediata. De lo
contrario contribuiría a aumentar la percepción del Partido
Popular como “puente” al poder, para la provisión de cargos
y la obtención de prebendas, dejando de lado el interés
público.
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OPINIÓN / EDITORIAL
