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El Consejo de Europa ha dado un fuerte rapapolvo a España
por su intención de legalizar, en la Ley de Seguridad
Ciudadana, las llamadas ‘devoluciones en caliente’ de
personas inmigrantes que lleva a cabo con frecuencia la
Guardia Civil en Ceuta y Melilla.
El comisario de Derechos Humanos de este organismo, Nils
Muiznieks, expresó en la mañana que este cambio legislativo
que ahora se encuentra en el Senado “no se ajusta a la
legislación ni de la UE, ni del Consejo de Europa, ni de la
ONU”. En otras palabras, “no se ajusta a las obligaciones
internacionales asumidas por España”
Asilo
El comisario advirtió este viernes de que legalizar en
España las devoluciones sumarias de inmigrantes a pie de
valla en Ceuta y Melilla será “el principio del fin del
derecho de asilo”.
Muiznieks lanzaba esta advertencia en una rueda de prensa en
la sede del Defensor del Pueblo en Madrid ofrecida como
balance de un viaje oficial que esta semana le ha llevado a
recorrer Melilla y entrevistarse con fuerzas de seguridad,
autoridades y miembros de las ONG.
“He visto devoluciones sumarias en muchos países pero en
ninguno se ha introducido en la legislación. Que España lo
hiciera, seria un precedente muy negativo. Seria el
principio del fin del sistema de asilo”, declaró.
Ilegalizable
El comisario ha viajado a España expresamente para analizar
la reforma de la Ley de Extranjería introducida en la de
Seguridad Ciudadana que permitirá devolver sobre la marcha a
las personas interceptadas en el salto de las vallas de las
ciudades autónomas, algo que a su juicio “es ilegalizable” y
contraviene “todos los compromisos internacionales” en
materia de Derechos Humanos.
“Espero y confío en que se encuentre una solución para que
los controles en frontera sean compatibles con la legalidad.
Todo parece indicar que se está trabajando ello para buscar
una solución”, señaló. La reforma, en la actualidad, se
encuentra en el Senado, en la recta final de su tramitación.
Con todo, recordó que la Unión Europea dispone de sus
propios mecanismos de sanción para los Estados que incumplan
la legalidad. Desde el Consejo de Europa, la mayor sería
apoyar una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos,
algo que tiene que instar un particular habiendo agotado la
vía judicial en España y que, en relación a las devoluciones
en caliente, nunca se ha producido.
“La propuesta no se ajusta a la legislación ni de la Unión
Europea, ni del Consejo de Europa ni de Naciones Unidas. Es
necesario trabajar mucho de manera que no se lleguen a
presentar casos ante el Tribunal de Derechos Humanos”,
señaló.
En este sentido, aseguró que “es posible introducir una
salvaguarda para mantener el principio de no devolución”
pero incidió en que “es fundamental no legalizar las
devoluciones en caliente”. “Se puede establecer un
equilibrio entre seguridad en frontera y derechos humanos
(...) es un reto asumible”, sentenció.
Mecanismos de investigación
Durante su viaje, el comisario ha visitado el Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, recorrió
un tramo de la valla fronteriza, examinó la situación del
derecho de asilo en las ciudades autónomas y abordó con las
fuerzas policiales ente otros asuntos, las denuncias de uso
excesivo de la fuerza en la represión de los saltos de la
valla. Sobre este asunto, afirma que en su reunión con el
jefe de la Policía Nacional y su homólogo en la Guardia
Civil de Melilla no ha “entrado en detalles”, si bien
reivindicó la creación de un mecanismo independiente de
investigación de estos sucesos porque las pesquisas internas
“no son suficientes”. Las autoridades españolas “no han
adoptado” esta recomendación. “Hasta que no haya castigos o
sanciones, los mecanismos de investigación interna no serán
suficientes o efectivos”, declaró, para instar a la Guardia
Civil, además, a “hacer públicas las medidas disciplinarias
adoptadas” en este sentido y “reforzar el diálogo con la
sociedad civil”.
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