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CCOO acusa al Ministerio de Justicia de que, en una clara
dejación de sus funciones, tiene sin registrar y
digitalizar, y, por tanto, sin tramitar todos los
expedientes de nacionalidad remitidos desde los Registros
Civiles para su resolución desde noviembre de 2013, y dota
de insuficientes medios personales y materiales a los
funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia que
desde el 1.1.2014 están tramitando los expedientes de
nacionalidad, creando de nuevo un injustificable atasco en
su resolución.
Tras la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (en
adelante PIN) en junio de 2012 los Registros Civiles remiten
los expedientes de nacionalidad, una vez finalizada la fase
de instrucción, al Centro de Digitalización del Colegio de
Registradores de la Propiedad en Madrid. En este centro se
registraba el expediente, se digitalizaban los documentos y
comenzaba la tramitación encomendada a los Registradores de
la Propiedad y Mercantiles, con la petición de informes y
propuesta de resolución de concesión o denegación al
Ministerio de Justicia.
El PIN acabó el 31 de diciembre de 2013, desde entonces los
expedientes se siguen remitiendo al Centro de Digitalización
del Colegio de Registradores de Propiedad en Madrid aunque
dicho centro ya no es responsable ni de la digitalización ni
de la tramitación de los expedientes. Desde enero de 2014 es
el personal del Ministerio de Justicia, compuesto por unas
70 personas, la que ha de tramitar y resolver todos los
expedientes, una cifra cercana a 200.000 expedientes y
alrededor de 20.000 recursos.
La dotación de personal del Ministerio resulta claramente
insuficiente para resolver en un plazo razonable las
solicitudes de adquisición de la nacionalidad española,en la
actualidad se están registrando los expedientes remitidos en
noviembre de 2013 al Centro de Digitalización del Colegio de
Registradores de la Propiedad en Madrid, lo que abre la
puerta a la justificación para su externalización y, por
tanto, para su privatización.
El Ministerio de Justicia, carga contra los Registros
Civiles por el elevado número de quejas que afirma hay sobre
su funcionamiento, a pesar de que sabe que son debidas a la
escasez de las plantillas por un lado. Por el otro están
negociando la implantación de un nuevo PIN, para dar salida
a los expedientes no resueltos en el PIN anterior. CCOO
manifiesta que el mismo o mejor resultado se habría obtenido
si mediante la modificación del art. 222 del Reglamento del
Registro Civil se permitía a los Registros Civiles
instructores del expediente la petición de los informes a
Policía Nacional y demás ya que los expedientes no habrían
salido de los Registros Civiles.
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La dotación de personal del Ministerio resulta insuficiente
Es el personal del Ministerio de
Justicia, compuesto por unas 70 personas, la que ha de
tramitar y resolver todos los expedientes. Acumula un total
de 200.000 expedientes y alrededor de 20.000 recursos, el
decir, es decir, los expedientes de 2010, 2011 y 2012 que no
se repartieron para tramitarse durante el PIN, 20.000
recursos de reposición, un alto porcentaje de expedientes de
2013, la totalidad de los expedientes de 2014 (que aún están
todos ellos sin número de expediente). Esta situación abre
la puerta a la justificación para su externalización y, por
tanto, para su privatización.Lo que implica que serán los
Notarios, a los que habrá que pagar el correspondiente
arancel por cada actuación.
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comisiones obreras
