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El Tribunal de Cuentas recomienda a la Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Ceuta que estudie medidas para “avanzar en la
presencia equilibrada de hombres y mujeres” en el personal
laboral y funcionario de la administración, porque dos
tercios son hombres y las mujeres, “un tercio del total de
efectivos reales”.
Así figura en el informe de fiscalización del Ejercicio 2012
realizado por el Tribunal de Cuentas y en el que, entre
otros muchos parámetros, se estudian las políticas de
igualdad de oportunidades en Ceuta.
En el documento se explica que se ha puesto en marcha el
primer plan de igualdad en la administración, que durará
cuatro años. Dos terceras partes de la plantilla pública
ceutí son hombres y el Tribunal recomienda tomar medidas
para equilibrar el reparto entre sexos.
Se añade además que el plan ‘Promoción de la mujer’ estuvo
dotado en 2012 con 395.000 euros, pero se ejecutó el 56 por
ciento, y que el informe sobre el II Plan de Igualdad de
Oportunidades 2009-2012 se le encomendó a una empresa
externa, pero no contenía ni conclusiones ni indicadores de
su cumplimiento.
El Tribunal de Cuentas agrega que el gobierno de Ceuta no ha
realizado además ninguna “memoria o estudio” sobre el
“impacto de género” de sus políticas y de sus presupuestos,
por lo que incumple lo que exige la Ley de Igualdad.
Cuentas en plazo
Del informe del tribunal destaca el hecho de que por primera
vez, Ceuta ha rendido cuentas del ejercicio 2012 dentro del
plazo legalmente previsto, aunque presenta carencias al no
incorporar diferentes documentos y estados previstos en la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local. No
se han formulado, ni rendido las cuentas de tres empresas
públicas y de una entidad pública que están inactivas y
pendientes de disolución durante años.
El grado de ejecución del presupuesto de gastos alcanzó un
porcentaje del 84 por ciento y la liquidación del
correspondiente de ingresos de la Administración General se
encuentra en un 91 por ciento respecto a las previsiones.
Las obligaciones reconocidas estaban infravaloradas en
8.107.000 euros, fundamentalmente por obligaciones
pendientes de imputar al presupuesto, y los derechos
reconocidos se encontraban infravalorados en 2.891.000
euros, principalmente por la incorrecta contabilización del
endeudamiento financiero y de varias transferencias y
subvenciones recibidas de la Administración General del
Estado.
Por lo que se refiere a la estabilidad presupuestaria, la
Ciudad cumplió el objetivo fijado en el ejercicio 2012 al
encontrarse en situación de capacidad de financiación en
términos de contabilidad nacional.
La deuda comercial experimentó un descenso en 2012 del 52
por ciento, excediendo el periodo medio de pago de las
obligaciones de la Ciudad los plazos previstos en la Ley
15/2010, de 5 de julio.
Pago a proveedores
En 2012 la Ciudad se acogió al mecanismo extraordinario de
pago a proveedores aprobado por el RDL 4/2012 por un importe
de 82.124.000 euros. El contenido del Plan de ajuste
presentado para acogerse al citado mecanismo guardó la
oportuna coherencia con los presupuestos aprobados de la
Ciudad para 2013.
Por lo que se refiere a la gestión de los bienes
patrimoniales, se ha constatado cierta demora en la
actualización del Inventario del ejercicio 2012, así como
carencias de registro y valoración de bienes y de inventario
de los entes dependientes, y de mecanismos de comunicación
entre las distintas unidades afectadas
Las obligaciones reconocidas por gastos de personal por
parte de la Administración General de la Ciudad se redujeron
en un 9,4 por ciento, debido principalmente a la supresión
de la paga extra que el Gobierno impuso a todas las
administraciones en 2012.
El endeudamiento financiero se incrementó un 79 por ciento
debido, principalmente, a los préstamos formalizados para
financiar el plan de pago a proveedores, situándose al final
del ejercicio en 263 millones de euros. Asimismo, el riesgo
efectivo por avales otorgados por la Administración General
ascendió en 2012 a 41.076.000 de euros, y correspondía a
afianzamientos solidarios de operaciones de crédito
formalizadas por empresas y organismos municipales.
Respecto a la contratación pública, se han constatado
diversas deficiencias e incumplimientos relativos a la
ausencia de justificación de la necesidad de contratación,
así como pliegos sin especificar el contenido ni la forma de
valoración de algunos criterios de adjudicación.
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informe tribunal de cuentas
