La reunión convocada por el ICD para este viernes con el
objetivo de aprobar un reconocimiento de deuda a favor de la
empresa Arasti Barca por una cantidad total de 449.442,78
euros, finalmente no se celebró debido a que la secretaria
general de la Ciudad ha solicitado que las facturas
presentadas para su reconocimiento deben estar más y mejor
detalladas, por lo que la reunión fue aplazada hasta el
próximo mes de enero, una vez que finalicen las fiestas
navideñas.
Fue precisamente la Coalición Caballas, la que a través de
un comunicado de prensa, daba a conocer la intención del ICD
y el importe de dicha deuda, pero todo apunta, tal y como
así lo manifestaba ayer a EL PUEBLO la diputada no adscrita
de la Asamblea, Fatima Hamed, que esta no es toda la deuda
sin consignación que el ICD tiene contraída con la empresa
burgalesa Arasti Barca, ya que las facturas presentadas por
el Instituto Ceutí de Deportes van desde octubre de 2012 a
septiembre de 2013, sólo un año, pero tal y como ya adelantó
Hamed en agosto del presente año, Arasti Barca, pese a
seguir prestando el servicio público en las piscinas
municipales, no tiene ninguna relación contractual con la
Ciudad desde 2012, por lo que faltarían por consignar todas
las facturas generadas hasta la fecha, ya que el servicio
continúa prestándose.
Así pues, a los cerca de 450.000 euros de deuda que el ICD
quiere reconocer extrajudicialmente, habría que sumarles
cerca de 700.000 euros más, por lo que la deuda contraída
por la ciudad rondaría el millón cien mil euros.
Tal y como resaltaba Hamed a este diario, el montante
mensual que Arasti Barca factura en cada una de las dos
piscinas municipales, ‘Guillermo Molina’ y ‘Díaz Flor’,
ronda los 27.500 y los 18.300 euros respectivamente, una
cantidad mensual por tanto de cerca de 46.000 euros, que
multiplicada por los quince meses que han transcurrido desde
octubre de 2013 a diciembre de 2014 hace un montante de
690.000 euros.
Esta situación difiere mucho a las explicaciones dadas por
el portavoz del Gobierno, Emilio Carreira, durante su última
comparecencia pública tras la celebración del Consejo de
Gobierno desarrollado este viernes, quien destacaba, aunque
no refiriéndose a este caso en particular, que se había
reconocido una deuda por valor de unos 22.000 euros debido
al servicio prestado durante el tiempo transcurrido desde la
finalización del contrato de la empresa con la Ciudad y la
nueva contratación del servicio. En este caso, tal y como
denuncia la diputada no adscrita, no se trata de un servicio
prestado durante un tiempo determinado mientras finaliza un
contrato y se formaliza el siguiente ya que han transcurrido
más de dos años desde que Arasti Barca finalizó su relación
contractual con la Ciudad y sin embargo no se ha elaborado
ni sacado a licitación el nuevo contrato, lo que para Hamed
demuestra “una total desidia por parte del desgobierno del
presidente Vivas”, además de insistir en que pese a que esta
situación ya lo denunció durante el pasado mes de agosto, el
Gobierno ha seguido “sin mover un músculo, permitiendo esta
situación y como ya dije realizando un reconocimiento
extrajudicial de una deuda que, insisto, como dije es
superior al millón de euros a favor de la empres y en
perjuicio de cualquier mínimo atisbo de lo que debería ser
una gestión eficiente de los recursos públicos. Es
absolutamente inaceptable que tras más de dos años, no se
haya sacado a licitación pública el contrato que deba regir
el servicio de monitores y socorristas en las piscinas ‘Díaz
Flor’ y ‘Guillermo Molina’”.
Pese a reconocer que por mucho que se le insista al
Ejecutivo de Vivas “este hará oídos sordos a todo lo que se
le diga y a las denuncias que se le haga”, insistió en que
el reconocimiento extrajudicial de deudas, es considerado
una figura excepcional a utilizar en casos muy concretos
para dar solución a aspectos muy puntuales, manifestando que
este nunca ha sido bien recibido por los juristas y los
técnicos de la manera en la que lo hace el gobierno del PP,
puesto que este hecho “podría ocultar adjudicaciones a dedo
en las que una vez prestado y acreditado el servicio, la
administración no suele tener más opción que proceder al
pago del servicio del que se trate. Todo ello, sin que
exista un procedimiento público en el que se pueda concurrir
en condiciones de igualdad tal y como establece la ley”.
Hamed también cuestiona que ha podido motivar que durante
este largo periodo de tiempo no se haya dado trámite a la
contratación pública del servicio de monitores de natación y
socorristas de piscinas municipales por parte del ICD,
manifestando que eso sólo el gobierno del PP “sabe los
verdaderos motivos”, aunque asegura que esta situación viene
a demostrar una vez más “que los recursos públicos no están
en manos de responsables políticos aptos para velar por el
interés general”.
El caso de las facturas sin consignación y su posterior
reconocimiento extrajudicial de deuda es uno de los
continuamente denunciados por la oposición, especialmente
por la diputada no adscrita, quien precisamente, además del
asunto del ICD y Arasti Barca, también denunció a mediados
de octubre otro “lote” de reconocimientos de deuda
extrajudiciales focalizados en servicios del Centro de
Menores. Así, denunciaba un importe de 36.507 euros a favor
de la empresa de catering ‘Márquez y Asociados’, otro a
favor de ‘Publipubli’ por importe de 17.883 euros, un
tercero a favor de ‘Oracle’ por valor de 17.531 euros, otro
a favor de ‘Epsilon’ de 3.168 euros para el mantenimiento de
una aplicación de Recursos Humanos, y reconocimientos a la
empresa Prosegur por deudas pendientes por servicios de
vigilancia en el Centro de Menores en los años 2007, 2009,
2012 y 2013 que sumaban 128.629 euros. Siendo el total del
reconocimiento de deudas de 203.720 euros.
Esta situación ha llevado a la diputada no adscrita de la
Asamblea, Fatima Hamed, a ratificarse en lo ya denunciado
hace varios meses e insistir en que el Ejecutivo local actúa
con “premeditación, alevosía y a escondidas” por no hacer
públicos los datos.
Además, tal y como ahora parece que también ha detectado la
secretaria general, la diputada no adscrita también ha
venido denunciando por activa y por pasiva que estas
facturas “no están bien detalladas, no apareciendo ni
cuantas personas prestan el servicio, ni la cantidad de
beneficio industrial, etc”.
Hamed destacaba ayer a EL PUEBLO que la gestión del PP de
los caudales públicos está marcada por la “falta de
transparencia” y calificó de “lamentable” el hecho de que
con carácter mensual, bimensual o trimestral, “vayan
aflorando reconocimientos extrajudiciales de deuda”, ya que
para la diputada no adscrita de la Asamblea esto no hace más
que “poner sobre la mesa la ineficacia y la ineptitud en la
gestión de los fondos públicos, puesto que estos gastos eran
previsibles y se podría haber convocado el concurso que
fuese para cubrir los servicios que ahora se reconocen
extrajudicialmente”.
Además, y para finalizar, Hamed insistió en que la
responsabilidad es exclusiva del Gobierno puesto que “es
quien debe velar por que se cumpla toda la ley de contratos
del sector público para que todas las empresas puedan optar
en igualdad de condiciones y puedan presentarse en esa misma
igualdad, a cualquier procedimiento que se licite”.
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