Uno de los asuntos tratados ayer en el Consejo de Gobierno,
ha sido, tras los informes realizados por las consejerías de
Fomento y Medio Ambiente, el del vertido en la zona
Puerto-Benítez.
El portavoz del Gobierno, Emilio Carreira, ha destacado la
preocupación del Ejecutivo Local sobre lo acontecido y ha
dado a conocer un informe previo elaborado por el Servicio
de Industrias de la Consejería de Fomento y en el que se
resalta que quizás, aunque en este momento establecer
conclusiones definitivas podría ser un tanto precipitado, si
es conveniente realizar un análisis muy completo tanto de
las inspecciones que están realizando los órganos de la
Administración como de la documentación que aporten los
diferentes organismos, aunque ya refleja en el citado
informe que “parece imprudente que la compañía Cepsa tenga
una cubeta en malas condiciones, ya que el objeto del mismo,
como previsión de que esto pudiera ocurrir, es la de diseñar
dichas cubetas estancas al objeto de contener cualquier
vertido, máxime cuando una posible fuga de combustible que
por gravedad, debido a que se encuentra en una vaguada hacia
el litoral y además guiada por un túnel, puede provocar
daños irreparables para el medio ambiente”.
Al mismo tiempo, Carreira ha dado a conocer que la
Consejería de Medio Ambiente también ha informado de que
existen dos expedientes informativos abiertos al respecto, y
de que se ha habilitado lo que se prevé en el Plan Nacional
para este tipo de contingencias en su nivel 3, resaltando
que esencialmente son tres los objetivos marcados: Reparar
el daño causado y que las zonas afectadas queden como antes
del daño y lógicamente con cargo económico a quien ha
provocado el daño; Instruir los correspondientes expedientes
al objeto de evaluar las sanciones que pudieran
corresponder; y como tercer objetivo la posible instrucción
de otro tipo de responsabilidades más allá de las
administrativas si así se considerase, derivando la
documentación a los órganos jurisdiccionales pertinentes. A
este respecto, el portavoz del Gobierno, pese a reconocer
que no se está todavía en condiciones de afirmarlo al 100%
si se está barajando que haya podido existir incluso un
delito ecológico, y que aunque todavía no se pueda asegurar
tampoco se descarta desde la Administración Local.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el
portavoz del Gobierno, Emilio Carreira, avanzó que el
consejero de Medio Ambiente, Gregorio García Castañeda, está
coordinando un equipo para realizar una revisión de las
instalaciones que se puedan considerar de mayor riesgo y que
en su gran mayoría son aquellas que están cerca del litoral.
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