A través de un comunicado de prensa, UGT ha denunciado que
el Gobierno, con la reforma de la Ley General de la
Seguridad Social que regula la actividad de las Mutuas,
inicia “el peligroso camino de la privatización del Sistema
de Seguridad Social, al concederles un nuevo estatus en la
gestión y convertirlas en Mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social”. Es decir que, con autonomía de las
partes, en caso de pérdidas, al igual que pasó con el
sistema financiero español, “terminaremos pagándolas todos
los ciudadanos”.
Desde la Unión General de Trabajadores ya se había alertado
que esta reforma sitúa la gestión privada en una posición
dominante sobre la gestión pública.
En este sentido, desde la central sindical sedenuncia que se
vela por los intereses de los que más ganan en cada Mutua,
dejando en el olvido al resto de trabajadores a los que
además de “perjudicar salarialmente, intentan hurtarles la
negociación colectiva, reduciendo contundentemente las
condiciones que podrán llevar a Convenio Colectivo sin el
intrusismo de la Administración”.
UGT ha mostrado su total desacuerdo a que las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social gestionen las prestaciones económicas por
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes., e
indica que esta gestión debe ser realizada directamente por
las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, ya que las
Mutuas se conforman como asociaciones de empresarios, y por
tanto pueden entrar en conflicto de intereses en la gestión
de la prestación y los trabajadores pueden resultar
perjudicados.
Por tanto, UGT considera que la totalidad del contenido de
esta Disposición Adicional Undécima “debería ser suprimida”.
En cuanto a los órganos de información y consulta, la
central sindical denuncia que se “menoscaba” la
participación sindical, no estableciendo criterios claros de
paridad en las Comisiones de Control y Seguimiento, y en las
Comisiones de Prestaciones Especiales, obviando a las
organizaciones sindicales más representativas.
Igualmente, tampoco se contempla la participación de los
trabajadores y sus representantes en la elección de la
Mutua.
Por este motivo, UGT asegura que la norma producirá una
“modificación sustancial del sistema preventivo obligando a
la venta, en un periodo record de unos meses, de las
Sociedades de Prevención pertenecientes a las Mutuas, y esto
traerá consecuencias negativas en la siniestralidad laboral,
ya que muchas empresas y trabajadores perderán la referencia
de su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales actual”.
La única cuestión positiva que UGT destaca de esta Reforma
legislativa es que del fondo de reserva complementario, un
10% tenga que ser destinado a la Reserva de Asistencia
Social, que permitirá el desarrollo de la labor de las
Comisiones de Prestaciones Especiales.
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