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Comisiones Obreras ha presentado en el Congreso de los
Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para
garantizar el carácter de servicio público del Registro
Civil y su gratuidad, así como la confidencialidad y
privacidad de los actos inscribibles de la ciudadanía. Esta
ILP rechaza la Ley 18/2014 que privatiza el Registro Civil,
defiende su mantenimiento en el ámbito público y, para ello,
apuesta porque continúe servido, como en los últimos 140
años, por el personal funcionario de la Administración de
Justicia.
La presentación de esta ILP tiene el objetivo de lograr que
el Parlamento español rechace la Ley 18/2014 de 15 de
octubre, aprobada en exclusiva con los votos del Grupo
Parlamentario Popular, rompiendo el consenso social
establecido en torno a un Registro Civil público y gratuito,
y que, además, tiene el rechazo frontal de la inmensa
mayoría de la sociedad. Dicha Ley 18/2014 recoge, en sus
disposiciones adicionales, vigésima a vigesimoquinta, la
privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión
a los registradores mercantiles (Disposición Adicional
Vigesimoprimera).
Esta ILP, que impulsa y presenta CCOO, nace con tres
objetivos fundamentales. Primero, devolver el Registro Civil
a la ciudadanía, manteniéndolo público y gratuito. Segundo,
frenar las políticas privatizadoras del Gobierno del Partido
Popular. Y tercero, desenmascarar los oscuros intereses de
algunos máximos responsables del Gobierno, especialmente de
su presidente, que se permite entregar un servicio público
-del que no es su propietario, sino solo un servidor más- a
la gestión privada, y lo que es aún más grave, a su gestión
por un colectivo de élite, los registradores, a los que las
sentencias de la Unión Europea no considera funcionarios
públicos.
El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO
defiende el derecho de la ciudadanía a que el Registro Civil
siga siendo un servicio público, y para ello es
imprescindible su mantenimiento dentro del ámbito de la
Administración pública. Para CCOO, la capacidad y la
cualificación demostrada por el personal de la
Administración de Justicia en sus ya más de 140 años en los
que el Registro Civil ha sido servido por este personal,
demuestra que ahí debe mantenerse, y que es “una aberración”
la pretensión del Gobierno de sacarlo de su ámbito y
proceder a su privatización.
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comisiones obreras
